Más problemas para el Gobierno de Pedro Sánchez por la renovación del contrato de Huawei el pasado mes de julio por valor de 12’3 millones de euros. Tanto Bruselas como Estados Unidos llevan tiempo advirtiendo a los países miembros de la Unión Europea y a los aliados de Estados Unidos de cortar las relaciones con Huawei, aludiendo a potenciales problemas contra la seguridad nacional.
La postura de España entra en conflicto directo con las directrices del ‘EU Toolbox for 5G Cybersecurity’, el marco normativo adoptado por la UE en enero de 2020. Este conjunto de herramientas insta a los Estados miembros a aplicar ‘restricciones relevantes sobre proveedores de alto riesgo’ en infraestructuras críticas, una recomendación reforzada por el Consejo Europeo en sus conclusiones del 21 de octubre de 2020 (ref. 14256/20).
Sin embargo, desde el Ejecutivo de Sánchez se ha hecho caso omiso a estas recomendaciones, como demuestran los hechos recientes. A la adjudicación del contrato en el que confía las grabaciones de la Policía y el CNI y la gestión de la información de la navegación aérea, se sumaba el pasado 13 de agosto la entrada de la compañía tecnológica en el SOC 5G, el organismo que supervisa la seguridad del 5G en España.
Una crisis internacional
Los continuos guiños de nuestro país hacia la empresa tecnológica ha desatado una crisis internacional que podrían desencadenar una investigación formal por parte del Departamento de Comercio que, según la legislación estadounidense, puede derivar en restricciones comerciales a sectores estratégicos, tal y como analiza el ICEX en su último informe sobre barreras comerciales.
Gus Bilirakis y Richard Hudson, dos congresistas republicados de Estados Unidos, han enviado una carta fechada en el pasado 8 de agosto, al secretario de Comercio, Howard Lutnick, para que se inicie una investigación formal sobre las últimas decisiones llevadas a cabo desde España, abriendo la puerta a sanciones tecnológicas y comerciales, como informa el diario ABC durante el día de hoy basándose en fuentes próximas.
El intercambio de inteligencia, en riesgo
Bilirakis ha señalado que la última decisión del Ejecutivo “podría poner en peligro no solo la seguridad interna de España, sino también la integridad del intercambio de inteligencia entre aliados”, mientras que Hudson ha recalcado que la decisión “es profundamente preocupante y un riesgo directo para nuestra seguridad compartida” y motivo suficiente para que desde la Administración Trump “bloqueen el comercio digital estadounidense” a España, puesto que las acciones son “altamente inquietantes”
En el caso de que la investigación se lleve a cabo y prospere, desde Estados Unidos se podría incluir a España en la lista de los países que permiten a Huawei acceder a información crítica. Una etiqueta que, hasta ahora, estaba reservada únicamente a países de fuera de la OTAN.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos podría bloquear las transferencias de software estratégico, limitar la cooperación tecnológica o restringir las licencias esenciales para empresas de nuestro país.
Problemas para España y para la UE
En la misiva, también se señala que la UE es el principal destino de las exportaciones comerciales digitales de Estados Unidos y esta actividad sustenta a más de 3 millones de empleos en España, dimensionando el impacto que podría suponer un veto a las relaciones con España y su influencia en el resto del continente.
Mientras tanto, fuentes gubernamentales señal que el factor precio fue determinante en la decisión, al mismo tiempo que aseguran que la información se almacena en unidades estancas y no es posible ni el acceso ni posibles filtraciones, algo que no convence a Estados Unidos.
Ahora, queda esperar a la resolución del informe de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, quien abrió una investigación formal para evaluar los riesgos de esta relación y sus resultados se esperan para finales del presente mes. Si tanto el informe como las conclusiones del Departamento de Comercio sobre la petición de Bilirakis y Hudson coinciden, España se podría encontrar excluida del intercambio de información de inteligencia y con diferentes sanciones tecnológicas que podrían afectar a las empresas de nuestro país y a las relaciones de España con el resto de socios y aliados.
