La adjudicación de contratos públicos a Huawei sigue generando tensiones entre España y sus socios estratégicos, como Estados Unidos y la Unión Europea, en un contexto de creciente escrutinio sobre la seguridad de las infraestructuras críticas.
Mientras que la firma tecnológica está vetada en el núcleo de operadoras que ofrecen 5G en nuestro país, el Ministerio del Interior fue noticia el pasado 7 de julio por haber adjudicado a dicha compañía un contrato por valor de 12’3 millones de euros para la gestión y el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales, tal y como confirmó dicho Ministerio en su página web.
En una información publicada durante el día de hoy a las 4.00 horas, el diario Vozpopuli ha confirmado haber tenido acceso a una documentación que asegura que la empresa pública Enaire, proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en nuestro país, almacena todos sus datos encriptados en servidores de Huawei, una decisión que, según advierten Estados Unidos y la Comisión Europea, podría introducir potenciales vulnerabilidades en infraestructuras críticas para la seguridad nacional.
Una licitación de más de 230.000 euros
Enaire licitó en el año 2024 un contrato de 233.000 euros, cuyo objetivo era ampliar la capacidad de almacenamiento de sus sistemas. Conviene tener en cuenta que la empresa pública utiliza los servidores Huawei OceanStor Dorado V6. Mediante la ampliación de la capacidad de sus cabinas, buscaba adaptarse a las nuevas demandas que sus sistemas de apoyo operacional estaban registrando.
La preocupación que llega por parte de Estados Unidos o la propia Unión Europea obedece a la propia legislación china. El Gobierno liderado por Xi Jinping cuenta con un exigente marco legal que obligaría a las empresas chinas a compartir toda la información que almacenan sus sistemas con el gobierno para preservar su seguridad nacional. Esto quiere decir que China podría solicitar a Huawei toda la información que sus servidores están almacenando sobre las operaciones que se realizan en nuestros cielos.
La alarma de los socios internacionales se fundamenta en la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China de 2017. Como se puede consultar en su texto oficial, el Artículo 7 establece: ‘Cualquier organización o ciudadano deberá apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado de acuerdo con la ley‘. Esta disposición obliga legalmente a empresas como Huawei a colaborar con los servicios de inteligencia chinos si así se les requiere.
| Organismo | Objeto del Contrato | Importe | Modelo de Servidor | Tipo de Información Gestionada |
|---|---|---|---|---|
| Enaire | Ampliación de almacenamiento para sistemas de navegación aérea | 233.000 € | Huawei OceanStor Dorado V6 | Datos encriptados del espacio aéreo (planes de vuelo, posicionamiento) |
| Ministerio del Interior | Gestión de almacenamiento para el sistema de escuchas judiciales (SITEL) | 12,3 millones € | Huawei OceanStor 6800V | Comunicaciones interceptadas bajo autorización judicial |
La presencia de Huawei en España
Los servidores de Huawei no solo almacenan la información de Enaire. Además, y de acuerdo con la renovación del acuerdo firmado entre el Ministerio de Interior y Huawei, actualmente los servidores OceanStor 6800V se utilizan para gestionar el almacenamiento de las comunicaciones interceptadas por SITEL, el sistema que utilizan las fueras de seguridad y que permite realizar escuchas autorizadas judicialmente.
Un nuevo paso en la creciente tensión que actualmente está presente en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Gobierno de Pedro Sánchez.
La tensión diplomática escaló el pasado 16 de julio de 2025, cuando los congresistas republicanos Tom Cotton, miembro destacado del Comité de Inteligencia del Senado, y Rick Crawford, del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, remitieron una carta oficial a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. En la misiva, a la que tuvo acceso la Agencia EFE, instaban a una ‘revisión exhaustiva’ de los acuerdos de intercambio de inteligencia con España a la luz de los contratos con proveedores de alto riesgo.
