Se suele decir que aunque no lo parezca, en Internet se escribe con tinta y no con lápiz, y buena prueba de ello la tenemos en Twitter, donde no son pocos ya los políticos que, por desconocimiento de la plataforma o directamente porque son algo inconscientes o bocazas, han soltado alguna lindeza en forma de tweet que luego les ha pasado factura.

No vamos a repetir algunos de los casos más conocidos, que han provocado incluso la dimisión / destitución de los protagonistas de la polémica, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Aquellos que a la vista de lo que pasaba con algunos de sus compañeros corrieron ávidos a borrar sus mensajes en redes sociales, sabedores de que en algún momento se habían pasado de la raya, pueden dormir ahora más tranquilo.

Twitter cierra el acceso a su API

Y es que webs como Politwoops se han visto en el centro de una guerra que han perdido frente a Twitter, quien veía como se le cerraba el acceso a la API de la red social en junio y que ahora han visto el mismo destino todas las demás, en total las que tenía en 30 países, incluyendo la que tenía en España, desde el pasado viernes 21 de agosto cayendo incluso las que tenían ya un calado más internacional como Diplotwoops, más dedicada a los deslices de los diplomáticos.

Estas web estaban gestionadas por la Open State Foundation, a la que Twitter ha comunicado que esta decisión ha llegado tras un complicado debate interno. Según manifiestan los responsables de la red social, se escudan en que ningún usuario tiene más derecho que otros, y borrar un tweet es parte de ellos para todos.

Por su parte, Arjan El Fassed, el director de la OSF ha manifestado que siguen convencidos de que lo que los políticos dicen en público debería estar disponible para cualquiera, ya que es la manera de fiscalizar que los políticos elegidos en las urnas son fieles a las ideas que manifiestan en otros medios y durante el tiempo.

En tiempos tan convulsos como los actuales, con algunos países en los que hay algunos de los comicios electorales clave como es el caso de España ¿creéis que esta medida es cierto que ahonda en el derecho de los políticos como personas o deberían asumir sus mensajes, aunque sea en el pasado, en las redes sociales?

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Fuente: Open State Foundation | adslzone