La implantación de aplicaciones de economía colaborativa está cogiendo a los legisladores con el paso cambiado. Muchas de estas aplicaciones incorporan novedades y modelos de negocio que van muy por delante de las legislaciones de cada territorio, que a veces no están preparadas para amparar estos nuevos servicios. Con la aparición en España de aplicaciones como Uber o BlaBlaCar, el sector del transporte de viajeros sufrió una importante sacudida y los profesionales del sector del taxi comenzaron a ver amenazada su actividad por los precios y servicios que se podían conseguir a través de estas plataformas.
Los taxistas: Estas aplicaciones son un problema
Algunas de las respuestas mostradas por la CNMC a preguntas como “¿Qué problemas cree que plantea la regulación de estos sectores?” muestran la necesidad que se detecta porque este sector sea regulado por el Gobierno. Así hay quien piensa que de esta manera se obtendría “calidad de servicio, garantía y seguridad para el usuario”. Los taxistas siguen pensando que estas aplicaciones suponen una “competencia desleal” y añaden “mientras unos cumplimos toda la regulación, otros la torean para saltarse el pagar impuestos y demás deberes”. Algunos usan tintes más contundentes al afirmar que “se está jugando con el pan de muchas familias”.
No todo el mundo piensa igual
Desde los agentes consultados por la CNMC – que incluyen incluso a las propias aplicaciones afectadas como Uber-, también se desprenden voces de defensa a favor de este nuevo tipo de economía. Uno de estos argumentos esgrime que la regulación de estos sectores supone “crear barreras a los nuevos entrantes que hacen muy difícil que el mercado se beneficie de las innovaciones tecnológicas que generan una gran productividad y un ahorro de costes que redunda en los precios de mercado”.
La CNMC deja claro que esta consulta responde únicamente a la función de realizar estudios e informes sobre los diversos sectores, con el objetivo de trasladar una realidad a los estamentos legisladores. Será por tanto decisión del Gobierno si se debe entrar a poner límites a este tipo de actividades. Mientras tanto, aplicaciones como Uber o BlaBlaCar continúan su cruzada contra los detractores de sus aplicaciones. De hecho el negocio de la primera de ellas ha sido prohibido en España por orden judicial.
