El Consejo de Ministros aprueba hoy una nueva ley financiera que tiene repercusión directa en uno de los fenómenos de moda en Internet. Hablamos del crowdfunding, unas campañas de financiación de proyectos de diversa índole, a través de la cualquier persona puede apoyar o financiar un proyecto en fase inicial y contribuir de esa manera a que su desarrollo pueda llevarse a cabo.
Si hace unos meses se especulaba con que el Gobierno finalmente eliminaría los límites a la inversión que tenía pensado establecer, el texto que se aprueba en el día de hoy recupera en parte esas restricciones. El ministro de Economía y Competitividad, ha anunciado que la ley finalmente hará una diferenciación entre inversores cualificados e inversores no cualificados. Los primeros, los que tengan una renta anual de al menos 50.000 euros y un patrimonio de inversión de 100.000 euros gozarán de una libertad plena para financiar proyectos crowdfunding. Para los no cualificados, finalmente se instaurará el límite de 3.000 euros por proyecto y un máximo anual de 10.000 euros. Finalmente el Ejecutivo ha cedido a las pretensiones de las plataformas de préstamo sobre el crowdfunding. Estas agencias solicitaban que los inversores profesionales no fueran limitados debido al poder de influencia que pueden tener sobre individuos con menor poder económico.
Si la financiación no llega, búscala en Internet
A malos tiempos, soluciones creativas. El “crowdfunding” ha sabido aplicar esta máxima a la perfección ya que utilizar Internet para solicitar inversión a personas privadas ha resultado ser muy práctico en los casos en los que gente con iniciativa y una idea innovadora, iban viendo cómo se les cerraba la puerta de inversores especializados. La proliferación de páginas como KickStarter o IndieGoGo, han ayudado a que cualquier idea que requería únicamente de un empujón económico inicial, ha podido salir adelante. Desde música a videojuegos, pasando por dispositivos, obras sociales. Prácticamente cualquier idea imaginada puede tratar de buscar financiación en la red, pero la intención del Gobierno es que España se convierta en uno de los primeros territorios en establecer una regulación de este sector en auge, para proteger tanto a los inversores como a los agentes que intervienen en las campañas.
En el pasado hemos conocido casos donde el apoyo otorgado a proyectos que buscaban financiación en Internet han terminado resultando ser un fiasco, mostrando un resultado alejado de lo prometido y dejando una sensación de engaño entre aquellos inversores que apostaron por la campaña.
