El pasado 13 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia sobre la aplicación del derecho al olvido. A partir de ahora, las compañías responsables de una página web de búsquedas como Google tendrán la obligación de eliminar aquellos enlaces que salgan en los resultados de búsqueda y que vulneren la privacidad de un usuario. Para ello, el usuario afectado tendrá el derecho de solicitar a la compañía que retire el enlace, aunque se deberán de cumplir varias condiciones que por el momento no han sido detalladas. De todas formas, el TJUE considera que para que se cumplen las condiciones debe haber un equilibrio entre los derechos de la persona afectada y el de los internautas. Poco tiempo después de conocerse la sentencia, Google, a través de su directora de Comunicación y Asuntos Públicos para el sur de Europa, consideró la sentencia como decepcionante para los motores de búsqueda y editores online en general. A pesar de todo, los de Mountain View se han puesto manos a la obra y ya están preparando una herramienta automatizada para facilitar a los usuarios su petición de derecho al olvido.
Herramienta disponible para los ciudadanos europeos
Ulrich Kühn, director del departamento técnico de la Agencia de Protección de Datos de Alemania, ha señalado al The New York Times que Google tiene previsto crear una herramienta para los usuarios que les permita solicitar la eliminación de enlaces. Según Kühn, el gigante tecnológico anunciará a finales de este mes el funcionamiento de esta herramienta que estará disponible para los ciudadanos europeos. Además, ha señalado que la compañía quiere crear una herramienta “que permita recoger las quejas de los usuarios respecto a links específicos”. En España hay unos 200 afectados que estaban esperando la sentencia del TJUE y ahora podrán beneficiarse de esta situación. Uno de ellos es Mario Costeja, quien produjo el origen del caso debido a que en 2009 pidió a un periódico español de gran tirada la retirada de un anuncio de embargo de 1998 que salía en la edición impresa digitalizada en los resultados de Google. Costeja aseguró que el embargo estaba solucionada desde hacía varios años y que el anuncio visible en Google al introducir su nombre y apellidos estaba dañando su imagen. La editorial del periódico no atendió su petición y remitió un escrito a Google España para que desvinculase el nombre del afectado, pero la compañía no consideraba que fuese responsable de los datos personales que hay en las páginas web.
