Tal y como podemos leer en El Mundo, la reforma de la LPI no ha terminado de contentar a nadie. Este cambio legislativo buscaba mejorar la capacidad de cerrar páginas web que enlazaran a contenidos protegidos por derechos de autor, concretamente a través de la Sección Segunda de la Secretaría de Estado de Cultura. Sólo se han formulado un par de denuncias ante este organismo y el Gobierno mira hacia las entidades de gestión de derechos.
El ejecutivo cree que la falta de denuncias está marcada por el calendario. El abril se publica la conocida lista 301 de la Agencia de Comercio de Estados Unidos, donde se recogen los países con mayor impacto en la piratería. Parece que las entidades de gestión están presionando para que nuestro país vuelva a esa lista, por eso no están denunciando a las webs que infringen los derechos de autor.
Desde el Ministerio de Cultura lo tienen claro y se escudan en no poder aplicar las leyes antipiratería porque no les dejan. Señalan también que siempre es mejor una mala Ley bien aplicado que una buena Ley mal aplicada. Es de locos la postura del Gobierno, que también ha quedado retratado en el último Informe anual del Observatorio de Piratería y Hábitos de consumo culturales, muy crítico con la gestión en estos campos.
El Ministerio de Cultura defiende su gestión en cuanto a la piratería argumentando que los procedimientos anteriores no se pueden terminar aplicando esta nueva Ley y es necesario que se produzcan más denuncias al respecto. Explican que es un trabajo conjunto con las entidades de gestión de derechos y asociaciones de autores, aunque quieren involucrar a los proveedores de servicios, tele-operadores, buscadores y agencias de publicidad.
¿Qué os parece la opinión del Ministerio de Cultura sobre la piratería?
Fuente: adslzone
Compártelo. ¡Gracias!
