Ya lo habían anunciado tanto los profesionales de las empresas instaladoras como las cadenas de televisión, el plazo dado por el Gobierno para liberar la banda de frecuencias de 800 MHz en favor de las redes de telefonía 4G era escaso y se corría el riesgo de qué gran parte de la población afectada no pudiera ajustar a tiempo sus antenas receptoras de emisiones de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Casi el 55% del total de edificios en España se han visto obligados a adaptar sus antenas, pero en algunos casos se han producido retrasos por falta de medios técnicos y materiales.
Lo cierto es que desde el sector se solicitaba una prórroga de tres meses y el Gobierno ha terminado por ceder concedido un nuevo plazo, pero limitándolo a tan sólo un mes, que se antoja algo escaso. Según ha comunicado el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, los ciudadanos contarán hasta finales de enero para adaptar sus televisores al nuevo reparto de frecuencias y no perder de esta manera ningún canal de TDT en sus casas. El titular de la cartera de Industria ha hecho mención al carácter “razonable” de la petición formulada por el sector audiovisual y desde el Ejecutivo se opina que este nuevo plazo ayudará a que el proceso de cambio para adaptarnos al nuevo dividendo digital sea mucho más fluido.
Por tanto el despliegue de la tecnología 4G en las frecuencias que hasta ahora venían usando las emisiones de la TDT, deberá esperar finalmente hasta el 30 de enero o incluso podría retrasarse hasta el 15 de febrero del próximo año.
La nueva prórroga para adaptar la TDT no será gratis
Por desgracia, esta nueva ampliación del plazo para ajustar la TDT en los hogares no va a estar exenta de coste y es que al faltar al compromiso adquirido con las operadoras de telecomunicaciones de liberar esas frecuencias para el inicio de 2015, se deberá compensar a las mismas por cada día de retraso. El ministro de Industria no ha precisado cuánto costará este nuevo retraso, pero sí ha precisado que los ciudadanos podrán seguir optando a las ayudas de 290 millones de euros que se destinaron a este proceso.
