El caso ante el alto tribunal europeo fue planteado por el Tribunal Supremo Irlandés y es el resultado de las denuncias presentadas contra Facebook y otras empresas estadounidenses (Apple, Microsoft, Skype y Yahoo!) por el activista de privacidad austriaco Max Schrems, con el apoyo de crowdfunding.
La demanda fue motivada por las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa proyecto secreto PRISM, por el cual la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) tendría acceso directo a los servidores centrales de nueve de las mayores tecnológicas mundiales, para espiar sin control judicial todo tipo de datos personales y confidenciales de millones de usuarios.
El activista reclama que las compañías que operen dentro de la Unión Europea no puedan transferir datos a Estados Unidos bajo la Directiva de Protección de Datos de la UE que prohíbe la transferencia de datos personales a países no pertenecientes a la Unión Europea.
El abogado de la Comisión Europea ha admitido en la vista que la actual legislación “no puede garantizar una adecuada protección de los datos de los ciudadanos de la UE”. Hace 18 meses que se está negociando un nuevo acuerdo con Estados Unidos denominado “Safe Harbor” sin signos de acuerdo.
Las grandes tecnológicas estadounidenses temen dificultades futuras en el tratamiento de los datos para usuarios de la Unión Europea y todo indica que tendrán que invertir en centros de datos europeos seguros. Una consecuencia del ciberespionaje masivo y sin control de la NSA y que puede incidir en la pérdida de negocio y clientes para estas empresas.
El caso está alcanzando tal dimensión que esta misma semana, Google se ha unido con otros gigantes de la informática, como Microsoft, Apple, Dropbox, Evernote, Facebook y Twitter, en un intento de poner fin a la recolección de datos de forma masiva por parte del gobierno de los Estados Unidos. La coalición en favor de la Reforma de la Vigilancia del Gobierno, que está compuesta por 10 grandes empresas, asociaciones civiles y comerciales instan al gobierno a replantearse los programas de vigilancia en el país, y establecer una mayor transparencia y rendición de cuentas en torno a ellos.
Fuente: muyseguridad
