Según ha dado a conocer la propia asociación de consumidores, la cadena de establecimientos especializada en telefonía móvil The Phone House ha sido demandada por penalizar a aquellos usuarios que cancelan sus solicitudes de portabilidad a otra compañía. Facua advierte en su página web que "estas prácticas resultan abusivas y vulneran la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores, que prohíben expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato".

La empresa demandada establece en sus condiciones que "la solicitud de portabilidad llevará asociada un depósito de 50 euros por gastos de gestión que será devuelto al cliente una vez activada la portabilidad satisfactoriamente o en caso de imposibilidad técnica de dicha activación". "Si se solicitara la cancelación una vez activado el proceso, no se reembolsará dicho depósito", explica en las mismas.

Sin embargo, como ya explicase la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hace apenas un mes y medio, estas prácticas van contra las leyes de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de Ordenación del Comercio Minorista, que "impiden expresamente cobrar al usuario algún tipo de gasto incurrido por el operador como consecuencia del desistimiento del contrato, como es la cancelación de la solicitud de portabilidad necesaria para la prestación de sus servicios".

Asimismo, en la resolución del organismo regulador de las telecomunicaciones en España se señala que "tampoco es posible fijar al usuario garantías o anticipos de pagos previos a la prestación del servicio que aseguren un eventual resarcimiento del operador para el caso de que se ejercite la cancelación de la portabilidad numérica".

Sin embargo, The Phone House no respondió a las peticiones iniciales de Facua, por lo que la asocación decidió denunciar a la empresa ante los organismos competentes en materia de telecomunicaciones. De este modo, espera que el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad pida a la empresa el cese de estas prácticas. De continuar como hasta ahora, debería solicitara las autoridades de consumo autonómicas que sancionen a la empresa.

 

Fuente: adslzone