Tal y como os venimos informando en los últimos meses, la Coalición de Creadores, el grupo de presión de la industria cultural, no acaba de estar conforme con la actual Ley Sinde, recién sacada adelante en la Cámara Alta con los votos de PSOE, PP y CiU. A pesar de haberse mostrado "contenta" en declaraciones recogidas por CincoDías.com, por haberse alcanzado el pacto "dado que se trata de un sector que concentra el 4% del PIB nacional", no parece que vaya a ser una norma suficiente en su opinión.

"Debe ser mejorada, puesto que presenta carencias que no permiten atajar de manera eficiente las conductas vulneradoras", han señalado desde la Coalición. Son precisamente las llamadas "conductas vulneradoras" de los usuarios las que se pretende perseguir, y esto pasaría por un endurecimiento de la ley para igualarla con otras más restrictivas como la Ley Hadopi en Francia, la Ley Ipred en Suecia o la Digital Economy Act de Reino Unido.

Estos modelos legislativos se basan en un sistema de tres avisos. El usuario que es identificado por los titulares de los derechos de autor es demandado ante una comisión que se encarga de comprobar que así sucede y le envía un primer aviso para que cese en su actividad por considerarse ilegal. Si continúa haciéndolo, se emite un segundo aviso. Una vez se reincide tras la tercera notificación, el responsable de la conexión es sancionado y desconectado de Internet durante un tiempo máximo de un año.

Éste es el modelo que guía las que serían supuestas "mejoras" en la Ley Sinde para la Coalición de Creadores. Su presidente, Aldo Olcese ya alzó la voz para reclamar la persecución a los usuarios en junio de 2010. Olcese insistió en el supuesto daño económico que sufren las compañías de la industria cultural a causa de las descargas y el intercambio de archivos, por lo que exigió las desconexiones para acabar con la "grave" situación que se da en nuestro país.

Recientemente, el director de este grupo de presión, Andrés Dionís insistió en que el primer paso sería acabar con las páginas de enlaces. Esto permitiría la creación de los prometidos centenares de webs alternativas y legales. Sin embargo, parece que ya se empieza a dudar que esta vaya a ser la pauta seguida, por lo que la demanda del endurecimiento de la ley vuelve a planear para presionar al Gobierno ante los rápidos movimientos de las páginas web a perseguir, que podrían escapar a la jurisdicción española. Los internautas serían el siguiente objetivo.

 

Fuente: adslzone