La Ley Hadopi toma carrerilla. El modelo legal antidescargas en Francia ha iniciado su segunda fase, en la que los internautas ya avisados por haberse detectado que descargan contenidos protegidos con copyright mediante redes P2P, serán avisados nuevamente para que cesen en sus actividades. Después del tercer aviso verán cortada su conexión.Según leemos en información de la agencia EFE publicada por elmundo.es, el organismo encargado de combatir la piratería en Internet creado por el Gobierno galo, Hadopi, ha puesto en marcha la segunda fase de la operación para desconectar a los usuarios de redes P2P como BitTorrent o eMule. Tras iniciar la primera tanda de avisos a los usuarios en octubre del pasado año, con la llegada de 2011 ya se han enviado las segundas advertencias.
Éstas han sido enviadas por correo electrónico a la par que por carta certificada para asegurarse de que los usuarios han recibido el aviso. Con el paso de los días, aquellos reincidentes que ya fueron avisados en la primera fase recibirán estas notificaciones. El organismo creado por el Gobierno aseguró que hasta finales del pasado año se habían enviado 70.000 advertencias a particulares, cifra que a la industria cultural le parece insuficiente.
Por este motivo, la entidad espera ir acelarando progresivamente los envíos, apuntando al objetivo de 10.000 avisos diarios a partir de junio de 2011, lo que supone un considerable aumento respecto a los 2.000 emitidos en la actualidad. La Comisión ha señalado que el proceso es lento porque actúa a petición de los titulares de derechos sobre las obras descargadas y es la entidad la que examina cada caso sin llegar a traducirse todas las demandas en el envío de un aviso. Su portavoz, Mireille Imbert-Quaretta, señaló que los avisos buscan "ayudar al ejercicio de responsabilidad del internauta".
Desconexión, multa y seguir pagando Internet
Estas cándidas intenciones contrastan con el castigo final al usuario que continúe compartiendo archivos protegidos con derechos de autor. Tras el tercer y último aviso se remitirán sus actos a un juez, que sería el encargado de dar permiso para cortar la conexión al titular durante el plazo de hasta un año y podrá ser sancionado con una multa de 1.500 euros. Además, el sancionado tendrá que seguir pagando su conexión -aunque no la pueda utilizar- y no podrá cambiar de compañía.
El modelo francés es uno de los más restrictivos en materia de intercambio de archivos en toda Europa. La Coalición de Creadores, lobby de la industria cultural en nuestro país, ya lo ha puesto como el ejemplo a seguir si fracasan los intentos del Gobierno de aprobar la Ley Sinde. Sin embargo, lejos de reducirse el cese en las descargas se ha producido un cambio en los hábitos de los internautas, que han acabado sustituyendo el intercambio P2P por las descargas directas de servidores como Megaupload.
Fuente: adslzone
