Aunque en muchas ocasiones se ha dudado de la forma en que las ayudas económicas que concede el Estado al cine español, González-Sinde ha querido salir al paso y ha afirmado con rotundidad que "no hay fraude en las ayudas al cine". "Se controla mucho todo, hay inspectores y si se hace mal se interviene y se abren expedientes o no se conceden las ayudas, hasta el último céntimo es controlado, con la nueva ley incluso más", declaró en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

La política quiso responder así a las duras críticas vertidas por Guardans, en las que aseguraba que existe "fraude y corrupción" en estas subvenciones, además, con "la total y absoluta complacencia del Gobierno". "El móvil de la ministra sólo lo tiene la gente del cine", afirmó en referencia a la influencia de la industria del cine en la ministra, ex presidenta de la Academia de Cine. Con sus palabras puso de relieve los criterios "completamente arbitrarios" que se utilizan en la actualidad para dirigir las subvenciones hacia una u otra productora.

Canon y Ley de Economía Sostenible

La ministra aprovechó su intervención no sólo para desmarcarse de estas críticas, en su opinión "malintrepretadas" por los medios, sino que volvió a justificar la necesidad de la existencia del canon digital a pesar de la resolución del Tribunal Europeo que lo consideró indiscriminado. "La sentencia dice que hay que refinar, ese derecho está amparado, pero cuando se usa para la contabilidad de una empresa hay que afinar el uso de cada soporte, hay que encontrar una solución armónica, que no perjudique a los ciudadanos", apuntó.

Asimismo reconoció el derecho de los usuarios a realizar copias privadas siempre que se pague el canon. "El derecho de hacer copias para uso privado está bien", comentó. Asimismo, tuvo de nuevo palabras para la futura Ley de Economía Sostenible, de la que en alguna ocasión se ha mostrado orgullosa. "La propuesta del Gobierno porque es equilibrada y razonable, lleva mucho trabajo detrás, también con el Ministerio de Justicia", declaró.

Sus palabras contrastan con la opinión de miles de ciudadanos y usuarios de Internet, que han puesto en marcha varias campañas para mostrar su rechazo al texto. La última de ellas, impulsada desde Hacktivistas.net, colapsó los correos de los diputados con miles de emails solicitando que se negasen a dar su voto a una ley que recorta los derechos en Internet.

 

Fuente: adslzone