Los primeros sospechosos de haber realizado descargas ilegales han comenzado a ser identificados en Francia. La Ley Hadopi, norma legal que pretende acabar con las descargas en el país galo, ha comenzado a funcionar y los usuarios podrán ver incluso cómo se les corta su conexión a Internet en caso de que continúen descargando contenidos.
Según informa El País, los principales operadores franceses ya han recibido una primera lista de direcciones de Internet en las que se ha da detectado tráfico de descargas que vulneran los derechos de autor. Ahora serán las compañías quienes tengan que proceder a la identificacion de los titulares de las conexiones e informen a la autoridad administrativa creada por la Ley Hadopi para que gestione sus datos.
El siguiente paso será enviar una carta de advertencia al usuario señalando que se ha detectado que desde su conexión se han realizado descargas que infringen la normativa legal y que deben de cesar en estos hábitos. Por lo tanto, tan sólo faltan semanas para que los primeros usuarios de redes como BitTorrent reciban las citadas notificaciones ya que desde un tiempo se conocen empresas que rastrean las conexiones de los internautas para facilitar el primer paso a la Administración.
Si el usuario desoye el llamamiento legal y continúa procediendo a descargar contenidos recibiría un segundo aviso. Y si de nuevo se detecta el mismo comportamiento, según la ley, se procederá a multarle y cortarle la conexión. Según se ha conocido, son varios centenares las direcciones detectadas en esta primera intervención.
La Ley Hadopi va un paso más allá en el concepto de negligencia. En el caso de que el titular de la línea no haya realizado personalmente las descargas, la norma incluye sanciones para él con la excusa de no haber tomado las suficientes precauciones para evitar que otros usuarios realizasen descargas desde su línea.
Los operadores, en riesgo de ser multados si no facilitan las identidades
La norma obliga a los operadores a revelar la identidad de los usuarios y no pueden negarse a ello bajo amenaza de 1.500 euros por cada IP de la que no suministren la identidad y dirección postal de la misma a la autoridad. Este hecho se ha encontrado con la oposición inicial de algunos operadores, pero no ha sido en el país francés sino en Reino Unido donde algunos proveedores como TalkTalk han manifestado públicamente su oposición a este tipo de medidas.
"De esta forma no se logrará que el material protegido compartido por los usuarios se materialice en ventas legítimas. Éstos simplemente cambiarán el método de descarga, pasándose a otras opciones indetectables", aseguró el operador británico en su momento. La última medida que se ha encontrado con el rechazo por parte de este mismo proveedor ha sido la obligación por parte del Gobierno británico de compartir los gastos para perseguir a los usuarios a los operadores (un 25%) con la industria cultural (el 75% restante).
Fuente: adslzone
