La contracción de una deuda puede ser, en función de la cuantía y las condiciones de la misma, un escenario lo suficientemente desafiante como para que condicione el resto de nuestra vida. En España, para lidiar con ciertas situaciones, contamos un mecanismo que nos permite, como ciudadanos, renegociar nuestras deudas o, en último término, cancelarlas de manera total o parcial. Aunque, eso sí, es necesario cumplir con ciertas condiciones. A este marco legal se le conoce como Ley de la Segunda Oportunidad.
Cómo funciona
La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que nos permite, tanto a particulares como a autónomos, disponer de un mecanismo para poder renegociar las deudas contraídas. Este marco legal existe en España desde el año 2015. Desde entonces, ha ido incorporando diferentes novedades orientadas, principalmente, en simplificar y acortar al máximo todo el proceso. La última de ellas se produjo en el año 2022.
Tal y como explica el propio preámbulo de la ley, accesible en este enlace, se trata de asegurar “que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.
Requisitos para acceder
- Deudor de buena fe: La buena fe del deudor es imprescindible para poder acceder a esta ley. Según este principio, el deudor está obligado a intentar, en función de sus posibilidades, de cumplir con sus obligaciones y buscar soluciones antes de acogerse a esta ley.
- Dos deudas: Para poder acogerse a esta ley, como mínimo, se deben tener dos acreedores.
- Demostrar la insolvencia: Puede ser con carácter actual o inminente. Además, también se debe demostrar que no se cuenta con el patrimonio suficiente como para poder saldar las deudas por cualquier otra vía.
- No haber sido condenado por delitos socioeconómicos, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o contra los derechos de los trabajadores en los últimos diez años.
- Las deudas no pueden superar los cinco millones de euros.
- No es posible acogerse a esta ley si ya hemos disfrutado de la misma durante los últimos cinco años.
Cómo acogerse
Al tratarse de un proceso judicial, lo primero que tenemos que hacer si estamos interesados en poder acceder al mismo es revisar toda la documentación que nos permite acreditar nuestra situación de insolvencia. Además, también deberemos demostrar que hemos tenido la intención de llegar a un acuerdo de financiamiento de la deuda, pero que, por cualquier motivo ajeno a nosotros, no hemos podido alcanzar dicha intención. Por tanto, es imprescindible contar con ayuda profesional que nos ayude con todos los trámites que son necesarios.
Además de todo ello, también debemos tener en cuenta que los beneficios que nos ofrece esta ley son revocables durante tres años. Es decir, si durante este periodo alguno de los acreedores demuestra que, efectivamente, existen indicios de que hayamos actuado con mala fe o que nuestra situación patrimonial ha cambiado drásticamente, el juez podría dictaminar la desestimación de los beneficios de la ley.
Fuente: adslzone
