El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha publicado un auto que puede cambiar para siempre el fútbol tal y como lo conocemos, si se convierte en una sentencia definitiva. Según ha adelantado el diario The Objetive, la justicia va a permitir a la patronal de fútbol solicitar a las operadoras de telecomunicaciones los datos de los usuarios que descarguen o vean partidos de manera ilegal a través de cualquiera de las plataformas o canales que existen actualmente en el mercado.
Sin embargo, esto no quiere decir que se vaya a perseguir al usuario que accede a un partido de manera ilegal, sino a aquellos que utilizan su decodificador para redifundirlo.
El auto supone un paso más en los esfuerzos que LaLiga había realizado hasta ahora para luchar contra la piratería. Es la primera vez que la Justicia no solo pondría el foco en las plataformas que distribuyen de manera ilegal el contenido, sino que también se enfoca, a partir de ahora, en aquellos usuarios que difunden el contenido.
Servidores piratas
El auto mencionado previamente tiene fecha del pasado 13 de febrero. En él, reúne a la parte demandante, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y la parte demandada: Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil y Digi.
El objetivo de la demanda por parte de LaLiga es el de solicitar diligencias preliminares para que los operadores mencionados previamente identifiquen a los clientes que contratan servicios ilegales para acceder y distribuir contenidos mediante métodos ilegítimos. Concretamente, el auto hace referencia a los suscriptores de Movistar Plus+, que tienen acceso a los partidos de LaLiga para su consumo en exclusiva. Sin embargo, se ha detectado que muchos de ellos tratan de comercializar estos partidos a partir del uso de tarjetas de red que pueden usar otras personas sin autorización.
Al haber admitido a trámite las diligencias, LaLiga ahora podrá comunicarse con los operadores para solicitar datos de los usuarios en base a las direcciones de IP, el puerto de los servidores y la hora detectada. Una vez se recojan todos los datos proporcionados por las operadoras, LaLiga podrá interponer la demanda correspondiente, pero únicamente para aquellos que utilizan sus servicios para redifundir contenido, no en aquellos casos en los que se accede a dicho contenido de manera particular e individual.
Los datos que debe proporcionar son la IP que se asigna a cada usuario, el nombre y apellido del titular que tiene contratado, el servicio de acceso a internet, la dirección postal de la instalación, el DNI y los datos de facturación. Es decir, todo aquello que permita identificar al usuario en cuestión y, además, determinar exactamente dónde se encuentra geográficamente.
El coste de la piratería
Según LaLiga, el coste de la piratería en nuestro país se traduce en una pérdida de 200 millones de euros anuales a los clubes de fútbol. El problema es de una magnitud suficiente como para que la patronal cuenta, en la actualidad, con un equipo de 30 personas cuya principal misión es la de lidiar contra cualquier acto pirata que permita continuar distribuyendo partidos de fútbol de manera ilícita.
De hecho, durante el pasado mes de septiembre, en las jornadas sobre la Lucha contra la Piratería en Eventos Deportivos, Javier Tebas afirmó que LaLiga ya había eliminado 58 aplicaciones de Android que habían tenido 4 millones de descargas en todo el mundo. En el entorno Apple, también se habían producido un millón de descargas en este tipo de apps. Además de afirmar que se mantenían conversaciones con Google y otras plataformas para tratar de localizar estos dispositivos móviles.
Fuente: The Objective | adslzone
