El problema del IPTV pirata parece que gana una nueva batalla al no imponerse un nuevo marco legal y que las medidas implementadas en la «caja de herramientas» se basen principalmente en la buena voluntad y cooperación entre empresas.

La Comisión Europea contra el IPTV pirata

En octubre pasado, una gran coalición de titulares de derechos pidió a la Comisión Europea que introdujera una nueva ley que obligaría a los intermediarios a cortar las transmisiones piratas a los pocos minutos de recibir una queja.

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El organismo europeo, que suele cooperar con los brazos abiertos con estas coaliciones, emitió a mediados de enero de 2023 una solicitud de evidencia para respaldar una propuesta de medidas para combatir la piratería de deportes en vivo. Esta «caja de herramientas» de medidas ya se ha filtrado y su resultado decepciona. Las nuevas recomendaciones de la CE se publicarán oficialmente a principios de mayo.

Euractiv dice que la recomendación se centra en el «manejo eficaz de las solicitudes de eliminación, los mandatos judiciales dinámicos y la cooperación voluntaria«, pero para los titulares de derechos que ya están involucrados en todas estas cosas y más, parece poco probable que ese consejo inspire. Un representante anónimo de Live Content Coalition, que cuenta con la Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) y varios otros grupos de vídeo importantes como miembros, simplificó las cosas con reclamos de promesas vacías y falta de acción.

“La Comisión Europea siempre nos ha asegurado que ‘lo que es ilegal fuera de línea es ilegal en línea’, sin embargo, no parece haber urgencia para hacer cumplir el estado de derecho en el caso de la piratería, a pesar del robo flagrante de contenido patentado de gran valor. lo que sin lugar a dudas está ocurriendo”, dijo el representante anónimo a Euractiv.

Hace falta más mano dura

En el entendimiento de que todas las recomendaciones deben existir en el marco legal actual, uno de los puntos en el resumen de Euractiv es que a los servicios de hosting se les «pedirá que colaboren con los titulares de derechos, en particular mediante la participación de indicadores de confianza», para eliminar las transmisiones piratas tan rápido como sea posible. Eso plantea preguntas interesantes.

En primer lugar, la nueva legislación probablemente intentaría responsabilizar más a estos mismos servicios de hospedaje por las actividades de sus clientes, un factor negativo importante para las empresas de ese sector. Sin embargo, ahora se espera que acepten la idea de colaborar con los titulares de derechos de forma voluntaria. Incluso, implementando soluciones técnicas para acelerar el proceso de notificación.

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En un entorno totalmente comercial, eso lleva a la cuestión de los incentivos. La ley no requiere colaboración más allá de sus límites y actualmente protege a los intermediarios de responsabilidad. No solo son estas las mismas protecciones que los titulares de derechos desean limitar por la fuerza, sino que no parece haber ningún beneficio comercial obvio para los proveedores de servicios.

El mayor enigma es que los jugadores realmente importantes en el mercado de la transmisión pirata saben que los titulares de derechos quieren limitar su negocio. Tienen dificultades para hacerlo. Las entidades que proporcionan infraestructura de IPTV pirata se seleccionan porque son buenas en eso y, por una u otra razón, son difíciles de interrumpir y es poco probable que colaboren.

“Se alienta a los servicios intermediarios, como los servicios de alojamiento web, que pueden identificar y ubicar la transmisión pirateada de eventos en vivo a cooperar con los servicios de alojamiento y los titulares de derechos para identificar la fuente de retransmisiones no autorizadas y evitar que vuelva a aparecer en los llamados sitios web espejo una vez están cerrados”.

Será interesante leer el texto oficial al que se refiere esto, y también qué tipo de servicios de hospedaje tiene en mente la Comisión Europea. Hay muchos servicios en línea que tienen la capacidad de identificar y ubicar emisiones piratas. Obtener esa información generalmente requiere un proceso legal. La idea de que esta información pueda ser compartida entre empresas de forma voluntaria está destinada a sorprender, si es que eso es lo que sugiere el texto final.

 

Fuente: TorrentFreak | adslzone