La pasada semana conocíamos que los operadores tendrán que pagar 130 millones más al no modificarse ya la ley de financiación de RTVE de 2009. Esto no va a entrar en vigor hasta 2023 y puede afectar bastante a la planificación de las inversiones de los operadores. Estos ya contaban con este ahorro de cara al próximo año y ahora tendrán que ver qué hacen para poder pagarlo. Como no podía ser de otra forma, será a costa de las inversiones, perjudicando directamente a los usuarios.
Palos en la rueda constantes para el 5G
Lo cierto es que las decisiones del gobierno con respecto a los operadores y al 5G son, cuanto menos, controvertidas. La subasta de los 700 MHz se retrasó varias veces, aunque también es cierto que el precio de salida se bajó con respecto a los planes iniciales. También se ha tardado en reordenar la banda 3,5 GHz y, de hecho, ha tenido que ser un acuerdo entre operadores el que lo solucionara todo. Ahora, con la decisión de cobrar un año más esta inexplicable tasa, pone en riesgo el futuro del 5G en España.
Los tres grandes operadores (Movistar, Orange y Vodafone) ni esconden su malestar ni esconden la delicada situación financiera que atraviesan. La presión de los operadores alternativos, el mercado low-cost, los precios de los derechos televisivos, las inversiones en fibra y 5G… son muchos los frentes de batalla que tienen por delante.
La decisión de cobrar la tasa en 2022 viene del Ministerio de Hacienda, así que no parece sencillo que cambien de opinión. Por ello, los operadores de telecomunicaciones van a pedir al gobierno que prorrogue los plazos contraídos en la subasta de los 700 MHz para desplegar 5G. Como sabemos, cada bloque subastado tenía unas condiciones a nivel de fechas, pero con este “palo” de 130 millones, va a ser complicado cumplir con lo pactado.
