El caso en cuestión tiene que ver con un vídeo muy polémico subido a YouTube en 2012. Se llamaba ‘La inocencia de los musulmanes’ y en él se retrataba a Mahoma como un pedófilo beligerante. Ni que decir tiene que este vídeo desató protestas masivas en muchos países con mayoría musulmana e incluso algunos lo relacionaron con la muerte del embajador estadounidense Christopher Stevens en Bengasi.
Pues bien, resulta que en este vídeo aparecía una actriz sin su consentimiento, ya que la actuación de esa mujer estaba preparada para otra película que al final no salió a la luz, llamada ‘Guerrero del desierto’, y en donde protagonizaba el papel de una menor de edad. Pues bien, aunque el papel original no dio para más de cinco segundos, esa escena se reprodujo en el polémico vídeo de YouTube, ya que se lanzó como un tráiler de la película principal.
Amenazas de muerte
Después de que todo el elenco de actores y realizadores recibiera amenazas de muerte, la actriz decidió acudir a los tribunales para que se borrara el vídeo de YouTube debido a una infracción de derechos de autor. La demandante alegaba que, aunque había sido pagada por el trabajo, este al final no se había estrenado, y por tanto el vídeo había sido colgado sin su consentimiento. En un primer momento el primer tribunal no atendió a su demanda, pero el de apelación sí. Debido al fallo, Google ha solicitado una nueva audiencia ya que una sentencia de este tipo podría desencadenar una avalancha de peticiones de cancelaciones de vídeo sin precedentes.
Para Google supondría que cualquiera que apareciera en cualquier vídeo tendría derechos de autor sobre él y podría pedir su cancelación del servicio. Para los de Mountain View esto iría en contra de los principios básicos de YouTube y además, según Google, haría que cualquier persona tuviera un veto para cualquier película o vídeo que no le gustara. Según la empresa del buscador esto sería el fin de la libertad de expresión en Google.
Sean o no unos exagerados, los dueños de YouTube saben que una sentencia de este tipo pondría en peligro parte de su negocio, y no parecen dispuestos a dejar que esto ocurra. De hecho han alegado que la demandante se podía haber acogido a otro derecho para solicitar la cancelación del vídeo, ya que se ha hecho en otros países, pero no al de autor.
