Las sombras del espionaje y el comercio de información de los usuarios se sitúan nuevamente sobre la órbita de Microsoft. Su participación reciente en una campaña contra los casos de espionaje de la NSA que han sacudido al mundo durante los últimos meses, perdería credibilidad de confirmarse estos datos revelados por el conocido grupo de hackers del Ejército Electrónico Sirio, responsables de múltiples secuestros de cuentas en redes sociales de los medios de comunicación de occidente.
Estos documentos, presuntamente interceptados, corroborarían una colaboración entre la compañía con sede en Redmond y responsable entre otros de la plataforma Windows, una de las más utilizadas en todo el mundo y el FBI (Oficina Federal de Investigadores), una de las agencias de inteligencia norteamericanas encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Aunque en este caso, se trata de un procedimiento habitual.
Los documentos, como decíamos se corresponderían con facturas y correos electrónicos intercambiados entre el Equipo de Cooperación Criminal Global del gigante de la informática y la Unidad de las Tecnologías de Intercepción Digital del organismo gubernamental de Estados Unidos. Las cifras de estas facturas ascienden a cantidades importantes de cientos de miles de dólares mensuales. Dinero con el cual, el FBI compra el acceso legal para sus agentes a la información de los usuarios.
Así, el mes de diciembre del pasado año 2012, Microsoft envió una factura por valor de 145.000 dólares. Otro ejemplo visible nos lleva hasta agosto de 2013, esta vez el costo fue de 352.200 dólares y por útlimo una de noviembre de 2013 por 281.000 dólares. Estas dos últimas, significativamente superiores. El total a pagar se obtiene sumando el precio de cada solicitud que varía entre los 50 y 200 dólares.
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Los expertos matizan que Microsoft está en su derecho de cobrar al FBI por su cooperación cuando un organismo solicita esta información por métodos legales. Sin embargo, lo grave del asunto es la frecuencia con la que estos datos son solicitados por el gobierno. El debate sobre el compromiso entre privacidad y seguridad vuelve a plantearse una vez más.
