Bruselas ha vuelto a mostrar su gran preocupación por "el modelo de fijación de precios propuesto por el regulador español" sobre las tarifas que Movistar aplica en la modalidad mayorista de acceso indirecto. Según ha señalado el Ejecutivo comunitario, la política actual "conduciría a una tarifa regulada que superaría hasta en un 50% la correspondiente a costes eficaces".
La Comisión Europea ha criticado que "el producto de acceso de banda ancha al por mayor sea la única oferta regulada que Movistar propone en su red de fibra óptica y que el regulador español no tiene previsto imponer otras salvaguardas de competencia, tales como normas de no discriminación más estrictas".
No en vano, transcurridos tres meses de investigación, la Comisión Europea emitirá un informe valorativo que será tenido en cuenta por el regulador español, que podrá entonces decidir si mantener la propuesta original, modificarlo o retirarla.
La vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, ha advertido que es necesaria una mejor "estabilidad de precios y transparencia en su fijación por parte de cada Estado miembro para que se creen unas condiciones favorables a la competencia". A la vez señala el riesgo de situación de monopolio en el sector en caso de no actuar la línea que propone el Ejecutivo europeo y en la posible desincentivación de la inversión que se propiciaría para un sector vital en la economía comunitaria.
Recordemos que el expediente afecta a los precios mayoristas de acceso indirecto a la banda ancha, una modalidad que en nuestro país representa a 700.000 líneas de los 12 millones existentes. No afecta a los precios de acceso al bucle de abonado, que es la fórmula mayoritariamente escogida por las operadoras que utilizan la red de Telefónica para prestar servicios de banda ancha en España.
