Aunque se ha demostrado que en materia de propiedad intelectual endurecer el castigo no es ni mucho menos sinónimo de acabar con el "delito", el Gobierno insiste en esta estrategia. Son muchas las pruebas que demuestran que la mejor forma de acabar con la "piratería" es lanzar una oferta legal atractiva y asequible, pero con las presiones de la industria, anclada en no mover un dedo para ello, el Ejecutivo ha optado por levantar más vallas en el campo infinito que supone Internet.
Nadie discute que las creaciones culturales y del entretenimiento deban recibir una compensación económica por la actividad que supone su elaboración. Ése no es el debate. Sin embargo, introducir penas de prisión para intentar acabar con las webs de enlaces no parece el camino para que los creadores vayan a recibir dicha compensación.
La naturaleza de Internet ha traído consigo el debate sobre los derechos de autor desde nuevas ópticas, pero la visión del Gobierno y la industria muestra una obcecación por afrontarlo desde un prisma obsoleto. Así, ha optado por un castigo a todas luces desproporcionado para intentar acabar con el problema, como si con la amenaza de cárcel el supuesto lucro cesante del sector fuese a desaparecer por arte de magia.
Además, dicha amenaza tampoco tiene por qué acabar con las descargas. Leyes más duras en esta materia en otros países no han hecho sino fracasar hasta el punto de llevar a algunos como Suiza y Países Bajos a dejar de apostar por leyes antidescargas ante el nulo efecto que tienen. Y no, no son países precisamente tercermundistas donde el delito y el robo sea la práctica más habitual de sus ciudadanos.
Internet cambió la distribución de contenidos. La industria sigue sin ser consciente
Asimismo, cabe subrayar que si la propia industria se frota las manos por esta reforma y sigue sin mover un dedo -como ha venido haciendo en la última década en nuestro país-, acabará siendo un movimiento de cara a la galería. Su monopolio por la citada naturaleza de Internet se ha acabado. Es una realidad, guste o no, y cuanto antes se asuma por parte del sector y se planteen alternativas útiles para su supervivencia, menor será la tardanza en la adaptación a esta situación.
Sin ir demasiado lejos vemos alternativas sostenibles como Spotify, un servicio legal que convive perfectamente con páginas de enlaces y P2P sin que sea un fracaso. Los usuarios están dispuestos a pagar y esta plataforma ofrece lo que demandan: inmediatez, precios asequibles, un buen catálogo y un buen servicio. Es un ejemplo que desmonta la teoría del "terrible daño" de las descargas a los autores.
Y por si fuera poco, la eficacia tanto de esta reforma como de otras leyes, es prácticamente nula. El avance tecnológico en la Red permite -y lo seguirá haciendo- que las webs de enlaces sigan proliferando y no se pueda bloquear el acceso a ellas. Algunos países lo han intentado con fallidos resultados, por lo que cabe plantearse quién ha sido el iluminado que ha aconsejado al Gobierno sobre los pasos a seguir en esta materia y qué conocimientos de Internet posee.
Fuente: adslzone
