Amazon se ha convertido junto a Google y Apple en uno de los gigantes de Internet que menos impuestos pagan en España gracias a una estrategia fiscal que no dudan en defender sus responsables. En el caso de la firma de comercio online el país utilizado para desviar sus ventas es Luxemburgo, mientras que el buscador y la compañía de la manzana mordida emplean Irlanda como punto de apoyo para tributar al mínimo en nuestro país.
Como hemos visto en los últimos meses, Amazon incluso declaró algo más de 54.000 euros en pérdidas contables en España en 2012 según las cuentas del Registro Mercantil. Para justificar estos números, que no se corresponden con los millonarios ingresos que factura en nuestro país, utiliza la filial Amazon Spain Fulfillment (ASF), empresa cuyo objeto social es dar "servicios de soporte corporativo" a otras y que en 2012 declaró 10,59 millones de euros como cifra de negocios.
En concreto, esta cantidad se deduce de la prestación de servicios logísticos a su socio único, la luxemburguesa Amazon EU, que es quien verdaderamente factura las ventas en un país considerado como paraíso fiscal. Esto llevó a que la compañía declarara pérdidas netas en nuestro país. Al ser considerada "entidad de reducida dimensión", tributa al 25% sobre los primeros 300.000 euros y al tipo general sobre el resto, a lo que hay que añadir que no está obligada a auditar sus cuentas ni a elaborar informe de gestión al considerarse ASF como empresa pequeña.
Por si fuera poco, el último movimiento de la compañía ha sido aplicar el mismo esquema a Buyvip, empresa que compró en 2010 por 70 millones de euros y que ha pasado a denominar Amazon Spain Services (ASS). En las cuentas de 2012 se observa el cambio de modelo, puesto que de forma repentina Buyvip ha dejado de tener existencias comerciales y no compra ya a proveedores, actividad que realiza Amazon EU en Luxemburgo.
Al igual que sucede con la primera filial, la cifra de negocios de ASS cuenta con unas pérdidas de 23,6 millones de euros debido al modelo que le ha aplicado. Acumula bases imponibles negativas de unos 47 millones de euros y activos fiscales diferidos por 4 millones. De este modo, el fisco de nuestro país tiene prácticamente imposible cobrar ni un euro en impuesto de sociedades de la firma ni a corto ni a medio plazo, puesto que sin reforma fiscal a la vista para atacar este tipo de prácticas, se seguirán repitiendo de forma constante.
