Aunque ya se conocía desde hace unos meses la intención del Gobierno de François Hollande, la ley antipiratería francesa no había sido retirada aún. Con la llegada de junio esto ha sido retirada una norma que jamás sirvió para lo que se propuso y que además no llevó a cabo las duras y desproporcionadas sanciones que contemplaba en su reglamento y que condenarían a presuntos usuarios de redes P2P a quedarse sin conexión por sus hábitos.
Recordemos que la Ley Hadopi, cuyo nombre se toma de forma informal de la comisión que la constituía, también era conocida como la norma de los tres avisos. Tras rastrear redes P2P como BitTorrent, la industria cultural se ponía en contacto con esta comisión para denunciar descargas de sus contenidos sin su permiso por parte de usuarios. Ésta se encargaba de contactar a los internautas y les advertía hasta en tres ocasiones de la ilegalidad de dichas descargas. Cada aviso era más contundente y en el último de ellos se les podía sancionar económicamente o sin conexión a Internet en su hogar.
Sin embargo, apenas un puñado de ciudadanos recibieron el tercer y más contundente aviso. Según leemos en Genbeta, apenas una multa de 150 euros fue la mayor imposición a un usuario, sanción que además se interpuso por no proteger adecuadamente su red inalámbrica después de los avisos recibidos al haber argumentado que intrusos habían utilizado su red con este fin. Posteriormente su mujer reconoció las descargas "ilegales" ante un tribunal pero la sanción no fue a mayores.
El hecho de haberse producido un cambio en el Gobierno francés también ha sido determinante. La administración Hollande siempre mostró su rechazo a la norma, tal y como declaró en su momento la actual ministra de Innovación y Economía Digital, que aseguraba que "a día de hoy, cortar Internet en una casa equivale a cortar el agua".
No obstante, desde el Ejecutivo galo no se seguirán los pasos de Suiza o Países Bajos, donde se anunció que se dejaría de perseguir las descargas. Actualmente busca alternativas para compensar a la industria y desafortunadamente para sus ciudadanos todo apunta a que podría establecer un canon digital a soportes y dispositivos electrónicos similar al que mantuvo España hasta diciembre de 2011.
Fuente: adslzone
