Hace apenas una semana conocimos la posibilidad abierta en Francia para la aplicación de un sistema similar al del canon digital que se daba en España hasta diciembre de 2011. Los dispositivos y soportes electrónicos conllevarían una tasa que iría a parar a las entidades de gestión de derechos de autor con el fin de compensarlas por el derecho a la copia privada. Esto nos hizo preguntarnos si la SGAE y el resto de entidades apostarían por reclamar la vuelta de este polémico canon a nuestro país.

Tan solo han transcurrido unos días hasta encontrar una respuesta y parece que es positiva. El próximo jueves 30 de mayo el europarlamentario del PSOE Antonio Masip ha organizado un evento para el que se ha convocado a creadores y organizaciones como las citadas entidades de gestión de cara a "intercambiar ideas" sobre el sistema de copia privada en nuestro país. En la convocatoria se analizará el nuevo modelo que aprobó el Gobierno, por el que se concede una partida presupuestaria a estas organizaciones en lugar de gravar los soportes y dispositivos.

"Los titulares de derechos de autor no han recibido ninguna compensación desde diciembre de 2011. Los derechos de autor recaudados cada año en España para el pago por compensación de la copia privada (115 millones de euros) están siendo confiscados a sus titulares y el Gobierno tan solo ofrece 5 millones de euros para compensarles. Además, los titulares europeos no están recibiendo ninguna compensación por las copias privadas de sus trabajos, mientras los españoles están siendo compensados por otros Estados miembros de la UE", detalla el texto de la convocatoria en la cual se ve una clara visión sesgada de la situación.

El acto se suma a la campaña de las entidades de gestión capitaneadas por otra española como es EGEDA (presidida por el polémico Enrique Cerezo) y que está apoyada por eurodiputados y una inversión millonaria. El despacho de intereses KEA con sedes en Bruselas y China será el encargado de poner en marcha toda la maquinaria mediática aprovechando la presentación del "Informe Vitorino" sobre cánones en la Comisión Parlamentaria Legal Affairs.

Ante esta situación cabe remarcar varios puntos que las entidades parecen no tener en cuenta, al margen de la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba al canon "abusivo e indiscriminado". Hay que recordar que ni el Estado ha reclamado la devolución de un solo euro del canon percibido ilegalmente ni las gestoras han devuelto nada. Al contrario, éstas continúan ejecutando las sentencias obtenidas con anterioridad a la resolución del TJUE arruinando las pocas empresas que quedan del sector. No obstante, parecen no conformarse y ya tienen dispuesta su maquinaria para presionar tanto en Europa como ante el Gobierno español. ¿Conseguirán su propósito?

 

Fuente: adslzone