La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno pretende plantar cara a las llamada "piratería" con más represión. Así se deduce de la información que facilitó el abogado Carlos Sánchez Almeida tras repasarla. No obstante, este nuevo movimiento que supondrá una vuelta de tuerca frente a otros fracasados intentos como la actual Ley Sinde-Wert no se perfila como la solución para el fin de las descargasde contenidos protegidos con derechos de autor.
Esta conclusión es sostenida por otro abogado especializado en propiedad intelectual en Internet como es David Bravo. En su último artículo publicado en eldiario.es, el letrado analiza la reforma que prepara Alberto Ruiz Gallardón y en la que se incluyen los artículos que han generado una gran polémica en Internet en las últimas horas. No en vano, en su actual redacción, "si una productora de cine porno exhibiera sus obras en una guardería tendría menos pena que si yo enlazara a canciones infantiles en un blog con publicidad", señala Bravo.
En esta línea de comparaciones sobre las penas que se incluyen en el nuevo CP por estos delitos, el abogado destaca que "a desproporción es tal, que es una pena sustancialmente mayor que la que actualmente está prevista para el acoso sexual por alguien que aprovecha su superioridad jerárquica en el trabajo".
Hecha la ley, hecha la trampa
Bravo subraya que a pesar de este nuevo pliegue del Gobierno a los intereses de la industria, el éxito del mismo para frenar la "piratería" brillará por suausencia. "Lo único que a la represión le hace replantearse su estrategia es su ineficacia y hace tiempo que se demostró que cada reforma legal en cuestiones de propiedad intelectual solo ha servido de estímulo para la sofisticación de los modos de compartir bienes culturales", afirma en lo que parece una clara alusión al auge de herramientas como por ejemplo las redes privadas virtuales (VPN).
Según el abogado, existe una "absoluta ingobernabilidad" en materia de obras intelectuales en la Red, por lo que ni la industria ni el Ejecutivo conseguirán su objetivo reformando la legislación en esta materia. Un ejemplo de ello es la Ley Sinde, de la que asegura que "tiene la misma capacidad para frenar las descargas que la que tiene poner un dedo en un colador para frenar el agua".
"Pierden el tiempo la industria y el Gobierno, su fiel representante, en una batalla que sin embargo dejará muchas bajas colaterales", sentencia el letrado, quien anima a la industria a dar un paso al frente motu propio para acabar con el problema. "Quizás deberían plantearse que hasta ahora los únicos que han conseguido que ciudadanos como yo no descarguemos tanto, no han sido ni Sinde, ni Wert ni lo será Gallardón. Se llaman Spotify, Filmin y Steam", concreta.
Veremos hasta cuándo permanece esta cerrazón impropia en estos tiempos que corren y que no acaba por perjudicar sino a la propia industria ya que no saca beneficio alguno de las descargas. Las plataformas legales y una política de precios razonable son las únicas que pueden acabar con este problema, pero parece que lo más fácil es utilizar la represión y el castigo para acallarlo.
Fuente: adslzone
