El 19 de diciembre se daba a conocer la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que obligaba a Telefónica compartir su red FTTH en toda España menos en 9 ciudades. Algunas de estas localidades eran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o municipios como Badalona, Alcalá de Henares, Coslada o Móstoles, donde la obligación sólo sería sobre la red de cobre actual y el último tramo de fibra en los edificios, lo que se conoce como verticales.
Telefónica ya advirtió que esto podría frenar el despliegue, ya que disminuiría la rentabilidad de sus inversiones y crearía un modelo parasitario en torno a su red de fibra óptica. La advertencia llegaba sólo 10 días después de conocerse la decisión de la CNMC y después de analizar las consecuencias de que todos los operadores tuvieran acceso a su red.
Según ha adelantado Expansión y hemos podido conocer de fuentes de instaladores y contratas de fibra óptica de Telefónica, la operadora ha dado la orden de reducir el número de instalaciones. Extraoficialmente, hemos obtenido un dato realmente preocupante para el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida en nuestro país y se dejará de desplegar fibra óptica en 100.000 unidades inmobiliarias todos los meses, lo que supone el mencionado frenazo del 35% del despliegue.
Telefónica lanza de esta manera un órdago a la CNMC y a la obligación de compartir su red con sus rivales. La decisión del máximo regulador español tendrá consecuencias inmediatas en forma de pérdida de puestos de trabajo y hará que los ambiciosos planes para ofrecer FTTH a la práctica totalidad del país en 2020 se queden en nada.
También tememos el efecto dominó en la competencia, que podría frenar las inversiones y sus despliegues de fibra óptica, al tener acceso a la red de Telefónica sin tener que hacer ningún esfuerzo adicional. Lo miremos como lo miremos, la decisión de la operadora líder supone un duro golpe para la evolución de la banda ancha en España y una triste noticia para los usuarios.
