La contradicción es más que evidente. Por un lado, los aliados internacionales más cercanos del Gobierno español alertan desde hace años del riesgo que suponen estos dispositivos. Esto se debe a que es tecnología vinculada directamente al régimen chino, con sospechas fundadas, según informes estadounidenses, de que podrían utilizarse como herramientas de espionaje para recabar información estratégica.
Por otro lado, en nuestro país, estos sistemas se siguen comprando, y lo peor es que están integrados en contratos públicos y vigilan espacios tan delicados como bases aéreas, academias militares, sedes ministeriales e incluso edificios de La Moncloa.
El caso de la base aérea de Morón, en Sevilla, es especialmente llamativo. Este enclave, compartido con las fuerzas estadounidenses, fue crucial en operaciones de alto nivel como la Operación Martillo de Medianoche, vinculada al control de instalaciones nucleares en Irán. A pesar de la importancia y lo sensible que es esta actividad, su sistema de videovigilancia cuenta con cámaras Dahua e Hikvision, adquiridas a través de contratos adjudicados por el Ministerio de Defensa a empresas nacionales que trabajan habitualmente con el Estado. De hecho, en la última adjudicación conocida para este centro, se instalaron cámaras motorizadas, térmicas y de seguridad perimetral, todas de origen chino.
Y no se queda ahí, ya que según documentación oficial, esta cámaras chinas también se han instalado en la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en la Base Aérea de Getafe, e incluso en múltiples Escuadrones de Vigilancia Aérea. El patrón se repite: productos fabricados por Dahua y Hikvision, adquiridos bajo licitaciones públicas y empleados en espacios donde la seguridad nacional es primordial.
Un sistema de vigilancia en el punto de mira
Ahora, todo este sistema de vigilancia volverá a estar bajo los focos. Y no solo por la tecnología empleada, sino por quién va a ser grabada por esas cámaras. La Princesa Leonor ingresará en septiembre en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, una instalación donde también hay contratos activos para el despliegue de tecnología Dahua. Según el último pliego firmado, se ha invertido más de 380.000 euros para reforzar la vigilancia con herramientas de vídeo inteligente, software de análisis e integración con los sistemas de seguridad ya instalados.
Lo normal, teniendo en cuenta el contexto geopolítico marcado por la rivalidad entre Occidente y China, sería obviar este tipo de dispositivos, como han hecho muchos países, pero España no. En Estados Unidos, tanto Dahua como Hikvision están incluidas en la lista negra de entidades que suponen una amenaza para la seguridad nacional. En Reino Unido y Canadá también se han restringido, sobre todo en instituciones públicas, por miedo a filtraciones o accesos no autorizados a datos sensibles.
España, en cambio, ha seguido otro camino. El Gobierno no ha emitido advertencias sobre el uso de esta tecnología ni ha mostrado señales de replantear su política de adquisiciones en este sentido. Las razones podrían ir desde lo económico (estas marcas suelen ser más baratas) hasta la falta de consenso técnico o político sobre su nivel real de riesgo. Pero lo cierto es que, de momento, las cámaras que no pueden instalarse en los ministerios británicos van a vigilar a la futura reina de España.
A falta de un debate público profundo sobre el tema, la situación genera cada vez más preguntas. ¿Tiene sentido exponer espacios estratégicos a una tecnología que nuestros socios han descartado por el potencial peligro que tienen? ¿Debería el Ministerio de Defensa replantearse el origen de sus equipos de vigilancia, especialmente cuando involucran a figuras tan relevantes como la Princesa Leonor? Mientras tanto, las cámaras siguen grabando y nadie parece dispuesto a mirar directamente al objetivo.
Fuente: The Objective |.adslzone
