Aunque el caso Pablo Soto no ha llegado a su fin dado que la sentencia puede ser (y será) recurrida por la industria discográfica, el fallo que nos dejó ayer el Juzgado de lo Mercantil Número 4 de Madrid vuelve a evidenciar la falta de razón de estas compañías, su lobby y de los políticos.
La sentencia fue muy clara para dolor e indignación de las compañías demandantes, que solicitaban nada menos que 13 millones de euros al programador. "Los demandados no almacenaban ningún archivo musical (como tampoco hacen las webs de enlaces) y las sentencias firmes hasta la fecha coinciden en manifestar que en ningún caso es una infracción el mero hecho de facilitar esa conducta de intercambio de música", subrayaba con claridad el fallo judicial.
Esto choca de lleno con la llamada Ley Sinde, creada por el último Gobierno y apoyada por Partido Popular y CiU. Nacida de las presiones de una industria que mantiene en su discurso lo opuesto a lo que podemos leer tanto en la última como en múltiples sentencias similares en nuestro país, la ley antipiratería promovida por Ángeles González-Sinde prevé el cierre de páginas web que son perfectamente legales en nuestro país. Para ello, la solución hallada es saltarse precisamente la figura judicial, minimizando su papel a la hora de proceder al cierre o bloqueo de las webs perseguidas por los titulares de los derechos de autor.
A pesar de haber contado con el apoyo de la mayoría en el Parlamento, el Gobierno saliente de José Luis Rodríguez Zapatero no se atrevió a activar esta norma por la presión de la comunidad internauta, mas debería fijarse en que realmente es desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos desde el que la ley hace aguas.
Como podemos leer en un interesante artículo de Manuel M. Almeida, no se puede sino incitar al Partido Popular a iniciar un debate serio y abierto a todas las partes que acabe derribando de forma definitiva esta polémica Ley Sinde. "Crear leyes de dudosa validez constitucional y legal a la medida del interés particular de los lobbies de la cultura, al margen de la corriente mayoritaria de la sociedad y del interés general, es un grave error y una temeridad desde el punto de visto político", explica sin faltar a la razón Almeida.
Sin embargo, la industria no parece dispuesta a ceder en su empeño. Promusicae, una de las partes de la acusación hacia Soto, no ha tardado en lanzar un comunicado público en el que se pide al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que "tome medidas decididas para poner fin a una lacra que ha convertido a España en la cloaca de Europa en lo que a tolerancia con el robo y saqueo de la creación se refiere". Las presiones son fuertes y estos grupos son muy poderosos. ¿Se acabarán imponiendo a la legalidad en nuestro país?
Fuente: adslzone
