No se han hecho esperar las reacciones de los más firmes defensores del canon digital. Tanto las entidades de gestión de derechos de autor entre las que destaca la SGAE y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, han defendido esta tasa que quieren mantener a pesar del mazazo que ha recibido su aplicación por parte de la Justicia española."Al final todos coinciden en la vigencia del canon digital". Ésta es la particular visión de la resolución judicial adoptada por la Audiencia Nacional por parte de Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE o EGEDA. Sánchez explicó que la reciente sentencia del tribunal que anula la Orden Ministerial que regulaba el canon digital desde 2008 "no cuestiona la legalidad" del mismo.
Por este motivo, al considerarlo legal y vigente, Sánchez ha sido uno de las figuras que ha solicitado al Gobierno la revisión de las tarifas que se tienen que aplicar a los soportes digitales, que pasan a ser las de 2006. La justificación de esta petición viene dada porque en su opinón, "los titulares de derecho necesitan y deben seguir cobrando una compensación". El portavoz de las gestoras afirmó que la resolución, acogida entre la mayoría de los ciudadanos con una gran alegría, "no condiciona nuestra forma de actuar".
Sinde se posiciona junto a las gestoras
Las entidades no han sido las únicas en mojarse. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha vuelto a hacer apología de esta tasa para compensar a los autores por la copia privada. La política ha pedido paciencia a las gestoras, a las que parece escuchar más que a sus propios ciudadanos, y ha asegurado que el Ministerio trabaja ya en solucionar los "defectos de forma" de la anulada Orden Ministerial. Por ello, ha pedido"confianza" al sectorporque esta resolución "no altera" los planes del Ejecutivo, según publica ABC.es.
Sinde ha querido explicar que esta resolución de la Audiencia Nacional se pronuncia sobre la polémica Orden, anulada porque su aprobación requeriría determinados trámites relativos a memorias justificativas y económicas, y un dictamen del Consejo de Estado, que no se hicieron. Por ello, la vigencia del canon digital seguiría en pie conforme se aplicaba antes de esta Orden Ministerial de 2008.
Además, quiso insistir en que el Gobierno trabaja desde enero con algunas de las partes implicadas -no con los ciudadanos, precisamente quienes corren con los gastos que supone esta tasa- para la reforma del canon. Recordemos que entre las propuestas está la aplicación de este gravamen a las conexiones de banda ancha fija para compensar a los autores, una medida claramente indiscriminada y que podría abrir nuevas brechas legales por el perjuicio a los usuarios en favor de entidades de gestión de derechos de autor. Sin embargo, esta posición del Gobierno extraña cada vez menos ya que la ignorancia hacia las voces de los ciudadanos y en favor de ciertos grupos económicos sigue siendo tan constante como lamentable.
Fuente: adslzone
