Jueves, Mayo 25, 2017

La ineficaz ley antidescargas sueca también fue orquestada desde Estados Unidos

P2PLa Ley Ipred, una de las más restrictivas en Europa para, teóricamente, perseguir a los usuarios que comparten archivos protegidos con derechos de autor también fue diseñada desde Estados Unidos. Al igual que sucedió con la Ley Sinde, el país norteamericano amenazó a Suecia con incluirle en una lista negra.

Los cables revelados por WikiLeaks han demostrado las presiones de Estados Unidos hacia varios países para que éstos aprobasen duras leyes antipiratería. En el caso de España, la norma fue rechazada en el último momento -aunque el Gobierno sigue empeñado en sacarla adelante- pero no corrió la misma suerte la ciudadanía de Suecia, tal y como publica TechEye.

Allí el Ejecutivo aprobó la Ley Ipred, que entró en vigor el 1 de abril de 2009. Lo que prometía ser una medida para acabar con la llamada "piratería" fue resultado de las amenazas estadounidenses según reveló WikiLeaks, casualmente con las mismas presiones hacia España que fueron desveladas por la web de Julian Assange: la famosa lista Special 301 en la que se incluye a los países que no respetan sus principios de propiedad intelectual. WikiLeaks también demostró presiones de la industria cinematográfica para acabar con The Pirate Bay, el tracker de BitTorrent.

Sin embargo, después de un año y medio tras la entrada en vigor de la ley sueca los resultados "positivos" han brillado por su ausencia. La propia policía del país escandinavo ha encontrado más problemas que ventajas a la norma, ya que los usuarios han optado por utilizar herramientas para mantenerse en el anonimato como Ipredator que por 5 euros al mes enmascara la dirección IP del internauta, lo que dificulta el trabajo de las autoridades para perseguir a los verdaderos ciberdelincuentes.

A su vez, los operadores han mostrado su firme oposición a revelar los datos de sus usuarios y los procesos se han prolongado en el tiempo haciendo completamente ineficaz una ley que persigue a los ciudadanos. En mayo de este año un juez resolvía que los operadores están obligados a colaborar, pero los procesos contra los internautas se han visto estancados.

 

Fuente: adslzone

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