"La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Esta afirmación es el artículo 1.2 de la Constitución Española de 1978, de la que recientemente se cumplió el 32º aniversario. Sin embargo, si tenemos en cuenta de la mano de quién ha llegado la ley antidescargas española (no el pueblo español precisamente), debería ser rechazada por ir contra la propia Constitución.Podemos leer en Kriptópolis.com un interesante artículo de Fernando Acero en el que se explica la historia del nacimiento y desarrollo de la polémica Disposición Final Segunda implementada en la Ley de Economía Sostenible para cerrar páginas web en nuestro país. Tal y como ha demostrado WikiLeaks, web a la que se persigue por haber revelado un ingente número de verdades, se ha tratado de una norma teledirigida desde "el otro lado del charco", concretamente desde Estados Unidos.
Destapada la verdad, silencio entre la clase política
Esto contrasta profundamente con el citado artículo 1.2 del texto en el que se basan el resto de leyes españolas. Choca frontalmente contra él porque, hasta donde se sabe, la soberanía del pueblo español no reside precisamente en la Casa Blanca ni en los amplios despachos de las grandes compañías multinacionales.
Muchos sospechaban que era la industria cultural estadounidense la que estaba detrás de esta ley y gracias a WikiLeaks hemos descubierto que efectivamente así ha sido. ¿Reacciones entre el Ejecutivo español, la ministra Ángeles González-Sinde o la oposición? Ninguna, brillando por su ausencia desde que se destapó la verdad. El doloroso silencio y que choque tan directamente con un artículo de la carta magna hacen más sangrante este proyecto legislativo y su Disposición Final Segunda, que debería retirarse sin falta antes de la próxima y definitiva aprobación de la ley.
Fuente: adslzone
