Según publica elEconomista.es, la puesta en marcha por parte de las administraciones públicas del país de la supervisión y control sobre los puntos en los que los ayuntamientos u otros organismos despliegan antenas con WiFi público brilla por su ausencia. El Ministerio de Industria apenas incide en las antenas que poco a poco se desarrollan en parques, plazas y calles de nuestra geografía.

Muchos ayuntamientos optan por dificultar la implantación de estas infraestructuras aduciendo que suponen un presunto riesgo para la salud de la población. A pesar de que numerosos estudios confirman que el impacto de las emisiones de este tipo en la salud de las personas es inapreciable, la excusa es la más manida por los ayuntamientos. Las administraciones públicas que, si bien supervisan las antenas de telefonía, no hacen lo propio con las redes públicas de WiFi, lo que supone una contradicción en el comportamiento del Ministerio.

El debate sobre el presunto perjuicio a los ciudadanos por culpa de estas emisiones se reabrió medio año atrás, cuando el Ayuntamiento de Orense aseguró que las emisiones de su WiFi público en el casco histórico no afectaba a los vecinos ni víandantes. Incluso, las radiaciones que emite son 10 veces menores a las de la telefonía móvil, pero no está tan claro en otras redes WiFi del país, donde el control del Ministerio es escaso.

Recordemos que para ofrecer este servicio, los ayuntamientos tienen que inscribirse gratuitamente como operadores en el registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y excluir de las redes WiFi a los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto. Los operadores recomendaron al Gobierno no subvencionar estas conexiones públicas y éste parece contribuir a esta petición sin supervisar estas redes.

Fuente: adslzone