Según los precursores de esta medida, lo que se pretende evitar es que el usuario argumente que él no fue quien realizó la descarga del contenido sino que alguien utilizó su conexión para ello. Sin embargo, como ya criticó el Consejo de Estado, este concepto podría suponer acabar con la presunción de inocencia del usuario ya que podría ser perfectamente cierto.

Habrá que esperar, por tanto, a la resolución de un decreto en el que se vea hasta qué punto detectar una conexión desde la que se realizan descargas es suficiente para demostrar que el titular de la misma comete una infracción. Lo que aún se desconoce serían las medidas que serían tomadas contra estos "usuarios negligentes", pero es posible que pasasen por los tres avisos hasta llegar a la desconexión de la línea.

Por otro lado, el reclutamiento de los agentes que velarán por el cumplimiento de la ley ya ha comenzado, siendo entre 50 y 70 personas. Además, los sistemas informáticos de las entidades gestoras de derechos y los operadores deberán estar conectados para junio, cuando arranque la ley.

TMG ha sido la empresa encargada para rastrear el tráfico de archivos que circulan a través de redes P2P. No obstante, ya se está encontrando con las primeras dificultades en su labor tras las medidas tomadas por los internautas para obstaculizar su trabajo. Esta empresa ya fue señalada por un usuario que detectó los servidores desde los que se rastreó su conexión y los hizo públicos.

Esta medida sancionadora contra los titulares de las líneas ya fue advertida en Reino Unido. Allí numerosos establecimientos como pubs u hoteles podrían ser sancionados si se descarga algún tipo de material protegido desde sus redes, sean conscientes o no de ello los titulares. Para ello, el operador Talk Talk estima que cada usuario deberá gastar unos 225 euros en proteger sus conexiones. La presunción de inocencia parece un concepto cada vez más frágil.

Fuente: adslzone