La CMT ha centrado sus críticas respecto a la extensión de la red que permitiese llevar estas conexiones a todos los habitantes y la posibilidad de que sea el Gobierno quien fije el precio de este servicio.

Respecto a la primera, el regulador ha advertido al Gobierno que las directivas de la Comisión Europea y la redacción de la normativa que regula el servicio universal harían imposible su pretensión. Pero el problema podría ser sólo el nombre. Si legalmente no se puede llamar servicio universal habrían de buscarse alternativas.

Pero si la extensión de la banda ancha no entra en el concepto de "servicio universal", iría contra la regulación que fuera financiado a través del fondo al que contribuyen los operadores para sufragar su coste, por lo que la solución pasaría por ser sufragada directamente "desde los presupuestos públicos", según la CMT.

España no es el único país que se halla ante esta situación, e incluso la Comisión Europea ha abierto una consulta pública al respecto. El Gobierno, tras recibir este informe de la CMT también ha planteado la consulta a Bruselas.

Ayudar a los habitantes y no fijar el precio máximo a los operadores

En cuanto al modelo que pretende implantar el Gobierno, la CMT también ha mostrado su rechazo. La Ley de Economía Sostenible prevista dice que "se garantizará el carácter asequible de los precios" con opción de fijar "un precio máximo". Según la CMT este tope en el precio podría distorsionar la enorme competencia que existe en este mercado y acabar con los operadores alternativos, que no podrían competir con Telefónica al ser éste el mejor posicionado por la extensión de su red.

Por este motivo, el órgano regulador ha propuesto al Gobierno la subvención del coste a las personas que no puedan sufragarlo, en lugar de fijar el precio que ofrecerían los operadores.

Fuente: adslzone