Los intentos por recortar libertades en Internet prosiguen por parte de las instituciones. Con la intención de frenar las falsificaciones y proteger los derechos de autor, 27 países de todo el mundo, liderados por Estados Unidos, negocian a las espaldas de sus ciudadanos el llamado ACTA, Acuerdo Comercial Antifalsificación. Según el último borrador filtrado, entre los nuevos puntos de acción se contempla que los operadores de Internet se conviertan en la "policía del copyright".La última filtración del documento desvela que la Presidencia del Consejo de la Unión Europea -actualmente ocupada por España, donde la hoja de ruta en la lucha contra la piratería parece marcada por EEUU- está tratando de introducir sanciones penales a los usuarios que descarguen contenidos protegidos con derechos de autor. Esto estaría muy en la línea de la última ley antidescargas aprobadas en Reino Unido. Recordemos que en el país británico los usuarios pueden ser desconectados de Internet si se detecta que están compartiendo archivos con material con copyright.
Pero el ACTA va un paso más lejos y los usuarios que incluso tengan en sus ordenadores una simple copia de este tipo de material podrían ser acusados de "piratas", lo que implicaría sanciones más allá de la desconexión. Kimberlee Weatherall, profesora de derecho de la Universidad de Queensland, asegura que de este modo se criminaliza al internauta. "Ya no hace falta siquiera que lo descargado tenga usos comerciales ya que el texto califica estos archivos como "bienes piratas"", apunta Weatherall.
Numerosas asociaciones de internautas y expertos en la Red ya han calificado el tratado como "antidemocrático" y han mostrado su rechazo al mismo. Desde Francia, La Quadrature du Net ha advertido que ACTA "va en contra del interés general y nunca podría salir adelante a través de procedimientos democráticos". "Esta exportación de la legislación sin control democrático socava la legitimidad del derecho de autor y las patentes", según este grupo en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Además, aseguran que "todas las filtraciones han demostrado que su intención es luchar por el endurecimiento de las sanciones contra los ciudadanos y una mayor inseguridad jurídica sobre los actores de Internet".
La campaña en contra del ACTA ya ha comenzado. Habrá que ver si los Gobiernos escuchan a sus ciudadanos o siguen cediendo ante los grupos de presión capitaneados por las grandes industrias del cine y la música.
Fuente: adslzone
