Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura ha manifestado hoy en Bruselas que "los ciudadanos tienen que estar tranquilos con la nueva ley contra las descargas". "Me parece que vamos a llegar a una buena fórmula que satisfaga a todas las partes".La titular de Cultura evitó adelantar si la opción del Gobierno para proteger a los autores cerrando páginas web pasa por exigir una autorización judicial previa. En declaraciones recogidas por El Mundo, González-Sinde aseguró que que Internet es "imparable" como vía de expresión y comunicación y como herramienta de trabajo y de difusión de la cultura.
La ministra confirmó que será el Consejo de Ministros de este viernes quien decida sobre la fórmula de la normativa antidescargas para decretar el cierre de las páginas web que resulte "más beneficiosa para todos". Todo apunta a que el ejecutivo aprobará el texto tal y como se conoció el pasado mes de diciembre, ello permite que una Comisión de Expertos elegida por cultura sea la que decida las páginas que se deben bloquear.
La censura llega a España, se bloquearán páginas nacionales e internacionales
El proceso para el bloqueo de una web se iniciará cuando los lobbys de la industria denuncien ante la Comisión a la página que presuntamente está vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Los expertos entonces estudiarán el caso y comprobarán si realmente se están infringiendo los derechos de los "autores". Seguidamente, El País explica que se notificará a la página la denuncia y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que elimine los archivos o enlaces de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo. Después vendrá el cierre.
Se bloquearán páginas nacionales e internacionales. Lo más peligroso es que los jueces no entran en el fondo del asunto, sino que sólo deciden si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Es decir, lo que no han conseguido por vía judicial ya que el P2P no es delito, lo conseguirán por vía administrativa.
Al final, serán los operadores de telecomunicaciones los que tengan que acatar la Ley y bloquear los contenidos. La censura llega a España si no lo evitamos entre todos.
Fuente desde: adslzone
