Ángeles González Sinde, ministra de Cultura, se ha reunido con periodistas y blogueros para debatir la polémica ley de Economía sostenible que pretende regular Internet y permitir el cierre de páginas "para proteger la propiedad intelectual". En el tintero han quedado muchas preguntas sin responder pero es un paso adelante que el Gobierno escuche a los internautas. La reunión ha llegado tarde porque el anteproyecto está encima de la mesa y no se ha contado con la opinión de los internautas ni de los operadores de telecomunicaciones. En el encuentro se han argumentado las libertades que se coartan con el nuevo texto y sobre todo se ha defendido los intereses de toda la ciudadanía.
La reunión ha tenido momentos de tensión, sobre todo después de que González-Sinde abandonara la sala por motivos de agenga. El momento más intenso ha sido cuando Guillermo Corral, director de política cultural ha asegurado "que el portal de contenidos" será una de las soluciones que evitará que los usuarios descarguen contenidos ilegalmente.
La ministra ha explicado a los convocados cuál era la intención del Gobierno y ha manifestado que será un proceso largo que "podría sufrir modificaciones" antes de llegar al parlamento.
No se sabe quien formará la comisión
Cultura no ha aclarado quien formará la comisión encargada de supervisar las páginas web susceptibles de bloqueo, se ha limitado a señalar que "serán reconocidos expertos". Una de las preocupaciones de todos los internautas es este aspecto que deja de lado a los jueces. Como colofón final, el Gobierno se ha mostrado rotundo, explicando que "no se puede retirar" esa disposición final, sin embargo, escuchará a todas las partes implicadas.
Manifiesto:
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
-- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Fuente desde: adslzone
