Esta normativa crea en la legislación europea el mecanismo sin precedentes de la "respuesta gradual" francesa, en donde los Jueces y los Tribunales de Justicia son vaciados de sus competencias a favor de actores privados y "medidas técnicas" de vigilancia y filtrado.

La normativa proyectada rompe con la filosofía del dialogo social y no sólo es incompatible con la arquitectura abierta de Internet, que hasta ahora permitía el uso del software libre, y con la neutralidad de la red ya que permite a las IPS priorizar y jerarquizar contenidos y discriminar otros, (ahora las redes P2P bajándoles la velocidad para dificultar la descarga, en un futuro próximo la telefonía por Internet y compartir será algo impracticable) sino que además afectan a derechos fundamentales ya consolidados, tales como la privacidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, el principio de igualdad e incluso la tutela judicial efectiva.