Jueves, Agosto 24, 2017

Comunidades de propietarios y ayuntamientos, una barrera más para la fibra óptica

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Si en los últimos meses ya hemos visto cómo el despliegue de fibra óptica se está viendo lastrado por la regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,  a esto hay que añadir otro dolor de cabeza para el usuario que se decide a contratar un acceso a Internet de muy alta velocidad gracias al FTTH. Y es que cada vez son más frecuentes las disputas legales que las comunidades de vecinos y los ayuntamientos emprenden contra las operadoras y empresas instaladoras de fibra por cablear sin permiso los edificios con el objetivo de hacer llegar a clientes interesados una conexión a Internet de alta velocidad.

Si queremos contratar una oferta de fibra, una de las primeras cosas que debemos hacer es comprobar si en nuestra vivienda existe cobertura con la operadora indicada. Para ello, nuestra urbanización, edificio o residencial debe estar preparada previamente mediante la instalación en la fachada de la correspondiente caja desde la que partirá la fibra óptica hasta las viviendas.

Aunque este paso depende de los permisos y autorizaciones que la operadora haya obtenido previamente, en algunas ocasiones los instaladores pueden “saltarse” este hecho o bien llevar a cabo una instalación en la que quede pendiente de finalizar algún tipo de traba burocrática. En esas están muchos ayuntamientos españoles que han recibido en los últimos meses quejas al respecto de la instalación no autorizada de conexiónes de fibra óptica y se solicita al consistorio que tome cartas en el asunto para su retirada.

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Los clientes pueden tener meses “congelada” la activación de la fibra

Las comunidades de propietarios deben aprobar en junta el cableado de fibra en el interior de las zonas comunes, y sin embargo muchas veces se produce la circunstancia de que la operadora se salta la figura del administrador y cierra con el propio presidente o secretario una autorización verbal para cablear. Aunque en ocasiones esto no llega más que a una reprimenda al instalador por la actitud, otras veces el proceso desemboca en un proceso legal o en una queja formal ante el ayuntamiento que inicia un expediente sancionador.

El ayuntamiento mandará entonces a los agentes de la policía local a comprobar si existía una licencia de obras previa y de no ser así la operadora cuenta con un plazo de tres meses para subsanar este hecho o bien para retirar la instalación bajo pena de enfrentarse a multas y sanciones económicas. En medio de este entramado burocrático de permisos y autorizaciones está el usuario final que en demasiadas ocasiones asiste a una paralización en el servicio que puede prolongarse durante meses o semanas.

¿Habéis sufrido demoras o problemas en la instalación de la fibra óptica en casa?

 

Fuente: adslzone

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