El Consejo de Ministros del 19 de diciembre de 2023 dio la orden a la SEPI de la compra de hasta un 10% de Telefónica. Un movimiento que permitía convertir al Estado en el gran accionista de la compañía. Adelantando a algunos de los otros grandes nombres históricos que podemos encontrar en su accionariado.
Se estima que la operación tendrá un coste superior a los 2.000 millones de euros si tenemos en cuenta el precio de mercado actual. Sin embargo, la reciente decisión de Cataluña de convocar nuevas elecciones, ha tenido notables consecuencias para el Ejecutivo español. Como, por ejemplo, la toma decisión de no presentar los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, PGE), en el año 2024.
Analizando los detalles
El pasado mes de febrero, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, aseguraba que el Gobierno se encontraba analizando todos los detalles que iban a permitir obtener la financiación necesaria para realizar la operación. En ese mismo momento, en declaraciones a Bloomberg TV recogidas por Europa Press, también remarcaba que el Gobierno español tenía “mucha confianza” para poder sacar adelante la Ley Presupuestaria, con el impacto que se esperaba de ella.
Debemos mencionar que la tesorería de la SEPI a cierre de 2022, tras la última auditoría de sus cuentas, se cifraba en torno a los 1.259 millones de euros, tal y como informa el diario elEconomista. Pese a que no han trascendido detalles de las intenciones en torno a la financiación de la operación, una de las vías más probables era la de inyectar capital del Estado en las cuentas. Sin embargo, para ello, era necesario que dicha cantidad estuviera presente en los PGE que recientemente se han desestimado.
Desde la comparecencia de Pere Aragonès anunciando las elecciones catalanas, el Gobierno daba por perdido el año 2024 en materia presupuestaria, destinando sus esfuerzos en el año 2025. No obstante, esto tiene un impacto directo en la entrada de la SEPI en el accionariado de la teleco. En el caso de que el Gobierno Español no pueda financiar la operación hasta el próximo curso, la transacción no podría materializarse hasta el año 2025.
La emisión de deuda como alternativa
Pese a que el Gobierno ha dejado ver en todo momento que todo el procedimiento se realizaría de la manera lo más discreta posible para evitar impactar en la cotización de la compañía, parece claro que los esfuerzos ahora podrían estar orientados en una segunda vía: la emisión de deuda o acudir al financiamiento bancario.
Una posibilidad que ya fue aprobada por el consejo de administración del holding público en el año 2020, aunque nunca se ha puesto en práctica. En ambos casos, obtener el capital necesario sería mucho más rápido que esperar a la decisión del Gobierno al respecto. Sin embargo, también tendría importantes consecuencias negativas: el coste de la operación a consecuencia del incremento de los intereses.
En el cierre del ejercicio fiscal 2022, la SEPI tenía algo más de 3.000 millones de euros con entidades financieras, sumando tanto los préstamos como las pólizas de crédito: multiplicando por 10 la deuda que tenía en el año 2016. Por lo que una nueva emisión de deuda supondría un notable incremento en los números mencionados previamente.
Cuando se cierre la operación, España estaría en línea con muchos de nuestros socios europeos. Como es el caso de la participación de Alemania en el capital de Deutsche Telekom, Francia en el de Orange o Italia en el de Telecom Italia.
Fuente: adslzone
