Como Movistar despliega fibra según presupuesto, el impacto que tendría deshacerse de 6 millones de euros en la caja podría impactar severamente el despliegue de fibra óptica, especialmente en zonas rurales o poco pobladas.
Multa de 6 millones de euros
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto una sanción de seis millones de euros por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, dado el incumplimiento de algunos compromisos en la adquisición al Grupo Prisa de Distribuidora de Televisión Digital (DTS), la plataforma de televisión por pago de Canal+. El organismo encargado de regular la competencia se refería concretamente a los compromisos de no imponer condiciones de permanencia en sus ofertas de Movistar Fusión, según detallaba en marzo la CNMC.
Telefónica decidió entonces recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional y han conseguido, al menos de momento, no tener que desembolsar dicha cantidad de dinero de la multa millonaria. Sin embargo, el motivo no es que la CNMC estuviese equivocada en su sentencia, sino otro motivo más peculiar.
Si Movistar paga la multa, no puede desplegar fibra
El argumento esgrimido por el operador azul ha sido que los despliegues de fibra óptica, especialmente aquellos en el ámbito rural, son unas decisiones estratégicas que se toman teniendo en cuenta el presupuesto con el que se cuenta.
La defensa del recurso ante la Audiencia Nacional se ha basado en el principio del perjuicio que tendría la compañía de tener que pagar la multa. En este sentido, los abogados de la multinacional destacan que pagar estos seis millones «provocaría a Telefónica perjuicios de imposible o al menos muy difícil reparación, ya que el elevado desembolso que obliga la resolución recurrida para el pago de la multa de 6.000.000 euros afectaría, de modo inmediato, a los compromisos de inversión que Telefónica tiene contraídos en zonas de rurales y de baja densidad de población realizados en el año 2021 y 2022 siendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024″.
«La sanción impuesta le generaría unos perjuicios económicos que repercuten en el despliegue de la red de nueva generación que beneficia al interés general», argumenta la empresa, que ha ganado 760 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 26% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Si se paga la multa y se reduce dicho presupuesto «no se podrían acometer las adjudicaciones que el Programa Único-Banda Ancha realizó en 2021 en Telefónica en las provincias de Álava, Ourense y Vizcaya, además de las correspondientes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estas adjudicaciones, que tienen un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, alcanzaban las 19.300 unidades inmobiliarias, que serían representativas de unos 39.000 usuarios».
Fuente: El Confidencial | adslzone
