Esto es exactamente lo que le ha pasado a una clienta de Vodafone que recibió dicho importe a pagar en su factura del pasado mes de junio.

82 llamadas que no había hecho

Yasmina A. D. es clienta de una tarifa convergente de Vodafone con la que tiene contratado fibra óptica de 300 Mbps, línea fija, dos móviles y televisión de Vodafone TV. Pues bien, más allá del importe habitual de su factura, de entre 70 y 90 euros, durante el pasado mes de julio recibió una factura de 1.750,69 euros.

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El motivo que justificaba esta cantidad era la realización de un total de 82 llamadas a números de tarificación especial, aunque la afectada aseguró que ni ella -ni su hija- habían realizado esas llamadas.

Tras denunciar ante la Guardia Civil y ponerse en contacto con Facua a instancias de la Benemérita, consiguió anular dicha factura y que Vodafone devolviese el dinero a la afectada. «Imagina cómo me sentí cuando yo abrí la factura y vi más de 1.700 euros por unas llamadas que ni yo ni mi hija habíamos hecho. Fui al cuartel de la Guardia Civil porque no sabía a quién acudir, y fueron ellos los que me hablaron de FACUA», relata la afectada.

Necesidad de pruebas y grabaciones

Facua basó la defensa de esta afectada y la reclamación contra Vodafone por la obligatoriedad que existe de aportar las grabaciones telefónicas que confirmen que se avisó a la clienta del coste adicional de estas llamadas y la aceptación de la misma o, de lo contrario, anulase el importe facturado.

800

Según la Ley, es necesario que en las llamadas a los números 803 (adultos), 806 (ocio) y 807 (profesionales) se comience la llamada con una grabación de 15 segundos en la que se informe sobre el nombre de la empresa y el coste de la llamada, seguido de cinco segundos en los que el usuario pueda decidir si colgar o continuar al teléfono.

«Obviamente decidí no abonar la factura, y me di de alta en otra compañía porque Vodafone me suspendió todas las líneas y estaba incomunicada. Teóricamente el pack que tenía contratado era una cuota fija de 70 euros al mes, pero me llegaban facturas con importes diferentes, siempre más elevados».

Finalmente, Vodafone no pudo demostrar la realización de esas llamadas por parte de la afectada y se vio obligada a rectificar la factura emitida, reduciendo 1.690,18 euros de la factura inicial de 1.750,69 euros que había recibido, quedando sólo pendiente de abonar 60,51 euros como importe final. Igualmente, a pesar de incluirla ante el impago de la factura, la afectada quedaba excluida de cualquier fichero de solvencia patrimonial negativa en el que pudiese haber sido incluida al no haber pagado la misma inicialmente.

 

Fuente: El Comercio | adslzone