A través del blog Ser Consumidor conocemos un nuevo caso de lo que a todas luces parece un abuso de una compañía de telecomunicaciones ante uno de sus clientes. Se trata de la situación de Marisol Oliván, quien escribe a la web solicitando asesoría con la desagradable situación en la que se encuentra. En su texto asegura que envió una carta a Orange, con quien tenía contratado el servicio de ADSL y teléfono fijo, para solicitar que no prorrogasen el contrato una vez finalizase el mes, el último de su permanencia.

La respuesta del operador, que en ningún momento se comunicó con la usuaria, fue inesperada. " A los 4 días me cortaron el teléfono y el ADSL sin avisar ni dar explicaciones", señala. Tras interponer una queja en el Ayuntamiento de Zaragoza, volvió a escribir al operador para solicitar la devolución del número de teléfono y aclarar que su primera misiva no había sido para solicitar la baja del servicio.

La respuesta de la compañía no se produjo de un modo personal y a los 15 días llegó una sorprendente factura de 231 euros con el concepto "cuotas" cuando solo tenían que facturar los 40 euros correspondientes de la factura mensual de ADSL. Ante la situación de indefensión y las dudas sobre devolver el recibo (y probablemente formar parte del registro de morosos), pidió información y fue asesorada por Eugenio Ribón, de la organización de consumidores CEACCU.

En su respuesta a la afectada, Ribón recuerda que "lamentablemente continúan siendo excesivamente comunes las trabas para poner fin a los contratos" y que detrás del relato de la usuaria podría esconderse una práctica abusiva. Por ello insiste en que puede rechazar el cargo y que si el operador decide incluirla en el fichero de morosos sería éste el responsable de daños y perjuicios como ya ha llegado a sentenciar el Tribunal Supremo.

Por último, aconseja que tanto si se procede al cobro de los 231 euros como si se le incluye en el citado fichero cuenta con dos modelos de demanda judicial gratuitos disponibles en la web de su organización los cuales no requieren ni el pago de tasas (ya que el caso no excede los 2.000 euros) ni abogado ni procurador. Si finalmente procede a la denuncia por esta vía se unirá al amplio número de usuarios que interponen reclamaciones contra los operadores de telecomunicaciones, que cuentan con el dudoso honor de ser el grupo de empresas más demandadas entre los clientes españoles.

 

Fuente: adslzone