La secretaria de Justicia Chris Grayling ha dejado claro que el gobierno británico quiere determinación contra la crueldad en Internet por parte de algunos de sus participantes. En ningún caso hablan de censura, sino de unos límites para la comunicación, unas pautas de civismo marcadas por las nuevas propuestas que, de ser incumplidas, estarían consideradas como ciber acoso y podrían llevar a los trolls a pasar por penas de hasta dos años de prisión como condena máxima. Quieren, de esta forma, limitar en Reino Unido los “mensajes llenos de odio” en los medios sociales que, a menudo, se convierten en amenazas para objetivos concretos.
Chris Grayling, según sus palabras el pasado domingo, “condena la cobardía de los trolls que están envenenando la sociedad británica”. Según comentó, “nadie permitiría que una persona física se comporte así de tal modo, luego en las redes sociales este tipo de comportamiento abusivo y amenazante debe estar igualmente controlado”. En Reino Unido, por estos motivos, están completamente decididos a multiplicar por cuatro la condena máxima actual, alcanzando así los dos años como pena máxima. Mientras tanto, ya hay abogados y activistas que se han posicionado en contra alegando que las sanciones penales deberían ser el último recurso ante este tipo de conductas y hechos.
Mientras la posición del Gobierno es especialmente dura contra los trolls y el ciber acoso, aún hay quien considera que este comportamiento debe estar regulado por los propios medios sociales y de comunicación con herramientas para la expulsión de usuarios y otros procedimientos. No obstante, también se han podido escuchar opiniones como: “¿Es que acaso vamos a limitar todo tipo de comportamiento problemático?”
La cuestión es importante, y no sólo en Reino Unido, sino para Internet a nivel global que, efectivamente, debería dar un vuelco con respecto al ciber acoso y los trolls. ¿Marcarán las propuestas de Reino Unido un precedente a nivel internacional?
