Nintendo solicitaba cuatro años de cárcel a cada acusado por “piratear” las consolas mediante la venta de cartuchos y juegos “piratas”, pero un juez de Madrid les ha absuelto ya que no considera que hayan obtenido un beneficio económico que se pueda considerar como delito y señala que dichos cartuchos sirven para otras muchas funciones legales, además de para saltarse la protección de los videojuegos. Según el juez, “la Justicia europea considera que las medidas antipiratería de las consolas han de ser proporcionales y no deben impedir otros usos legítimos de las mismas.”
Supercard DSONE
El caso se inició con la denuncia de la compañía japonesa de videojuegos seguida de una actuación policial en septiembre de 2008 en una de las tiendas, donde la Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía Nacional incautó nueve packs con la tarjeta Supercard DSONE, varias tarjetas microSD y soportes con más de 400 copias no autorizadas de videojuegos. Un día después, los agentes incautaron otros 71 packs idénticos a los anteriormente mencionados en un videoclub de Leganés, dando inicio a una disputa judicial de seis años, con dos interrupciones de dos años cada una durante el proceso.
El juez acepta el argumento de la defensa
El juez aceptó el argumento realizado por el abogado defensor Javier Maestre, especializado en este tipo de casos. Según él, este tipo de cartuchos sirven para múltiples usos diferentes, y citó como ejemplo a la Universidad de Castilla-La Mancha la cual utiliza, con fines docentes, las consolas Nintendo DS junto con flashcards para realizar aplicaciones informáticas. Además, añade que Nintendo podría incluir otro tipo de medidas antipiratería que no limiten todos los posibles usos de sus consolas. Por su parte, el juez señala que “el cartucho Supercard DSONE permite usar la consola para otras utilidades, como visualizar fotos, reproducir música o cargar juegos de libre disposición, y otras muy diferentes utilidades informáticas”, por lo que dichos cartuchos “no están diseñados concreta y específicamente para desproteger juegos originales”, el cual es un requisito inherente para considerar este hecho como delito actualmente.
Falta, pero no delito
Aunque el juez no ha determinado que se haya producido delito alguno debido a que no pudo acreditar la venta efectiva de los packs ni el beneficio económico, si ha impuesto a los acusados una falta debido a que está acreditada la puesta a disposición del público de juegos ilegales de Nintendo, por lo que considera a los acusados responsables de una falta prescrita debido al retraso del proceso, por lo que finalmente han sido absueltos.
