La operación, que ha sido instruida por el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional, investiga los hechos como un posible caso de ciberterrorismo de baja intensidad. Esto es debido a que el objetivo de sus acciones era el de desestabilizar las instituciones del Estado. Adicionalmente, los investigados presuntamente vendían el acceso a estas bases de datos por 200€, una práctica que el informe de la Comisaría General de Información (CGI) califica como una ‘amenaza muy grave para la Seguridad Nacional’.
Así se inició la filtración de datos
Tenemos que remontarnos al momento en el que ambos detenidos comenzaron a publicar en Telegram listados con nombres, teléfonos, DNIs, direcciones y correos electrónicos de personalidades públicas. Entre los datos filtrados encontrábamos los de Pedro Sánchez, pero también de otros miembros del gobierno nacional, de gobiernos autonómicos e incluso de periodistas de medios como La Sexta o TVE. El revuelo fue importante porque aparecían direcciones, teléfonos móviles y documentos nacionales de identidad. También se filtraron contraseñas de afiliados al PSOE.
Además del mencionado Pedro Sánchez, podíamos localizar datos del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, así como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de afiliados al partido socialista. También aparecían muchísimos tertulianos de televisión que están claramente escorados hacia la izquierda.
Además de difundir públicamente la información, estos ofrecían acceso mediante bots y vendían los listados a cambio de 40 euros. Incluso desvelaron lo que hacían a preguntas de los periodistas: “Nosotros tenemos un sistema que aparte de decirte si estás filtrado te da los resultados sin censura, la herramienta está a la venta, es legal”. Se sabe que subieron parte de los datos a servidores rusos para asegurarse de que no fueran borrados.
Detención mediática
Tras el revuelo mediático, comenzó una investigación policial que terminó con la detención de ambos. Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llevaron a cabo registros en sus domicilios de Arinaga, donde se incautaron móviles, discos duros, tarjetas SIM y dispositivos criptográficos. Los detenidos fueron trasladados en un avión de la Policía Nacional a Madrid y quedaron en libertad provisional tras declarar, con medidas cautelares como retirada de pasaporte y prohibición de comunicación entre ambos.
El giro inesperado del caso es que uno de los detenidos, cuya imagen fue difundida, fue posteriormente desvinculado de la investigación al constatarse su no participación en los hechos. Se trató de un error que terminó con el traslado a Madrid de un inocente. Por si fuera poco, este no tenía ni ordenador, por lo que difícilmente pudo ser el filtrador de tan preciados datos. Según ha podido saber ADSLZone, el detenido indicó en todo momento que no tenía conocimientos de informática y que el único dispositivo tecnológico que tenía era una «PlayStation».
A día de hoy, las autoridades siguen tratando de identificar a «Pakito» y en el caso de «AkkaSpace», tendrá que rendir más adelante cuentas ante la justicia pero de momento ha eludido la prisión provisional a petición de la fiscalía. Todo apunta a que estas dos personas utilizando bases de datos comprometidas anteriormente por terceros orquestaron toda esta operación «para llamar la atención».
Este tipo de actos se enmarcan en el artículo 197.3 del Código Penal, que castiga la difusión de datos personales obtenidos ilícitamente con penas de hasta 5 años de prisión. La calificación de ‘ciberterrorismo de baja intensidad’ por parte de la Audiencia Nacional sugiere la aplicación del artículo 573 bis, que podría agravar las penas si se demuestra una finalidad de desestabilización del Estado.
Fuente: adslzone
