Bajo el hashtag #liberamimovil la organización de consumidores ha iniciado una campaña en la que se apunta a la ilegalidad de la venta de móviles no liberados en el mercado español. FACUA se basa en el informe emitido por la Comisión de Cooperación de Consumo en el que se señala que estas prácticas incluyen cláusulas abusivas que vulneran lo recogido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Desde la organización se denuncia que Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo, operadores a los que ya denunció en enero de 2012, "introducen una restricción técnica, un defecto, que limita las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere, del es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas".

Tras su denuncia, la citada comisión, en la que están representadas las autoridades de protección al consumidor del Gobierno y las comunidades autónomas, ha estimado que efectivamente se trata de una práctica ilegal. En su informe apunta que "el operador no puede negarse a liberar el terminal si el cliente está dentro del periodo de permanencia y está al corriente de pago porque se estarían limitando sus derechos como consumidor".

No se puede cobrar al usuario por liberar su móvil

"Cobrar al usuario por facilitarle el código para el desbloqueo o dilatar en el tiempo la entrega del código cuando el usuario ya ha cumplido con su parte del contrato" son "prácticas constituyen infracciones en materia de consumo sancionables por las autoridades competentes", según señala la Comisión. Por último , se indica que "con independencia del carácter abusivo de este tipo de prácticas, debe valorarse también su posible carácter desleal para los consumidores".

Ante esta clara y explícita conclusión FACUA remitirá el informe a los operadores de cara a que faciliten a todos sus clientes los respectivos códigos de liberación. En caso de detectarse irregularidades, la organización acudirá a las autoridades de protección al consumidor autonómicas para que apliquen sanciones proporcionales.

Desde FACUA se recomienda a los usuarios que se pongan en contacto con los operadores para que éstos faciliten los códigos. En caso de que se nieguen o les pidan dinero, animan a los usuarios a presentar las correspondientes denuncias ante las administraciones de consumos o a través de la propia FACUA, adjuntando el informe elaborado por la Comisión de Cooperación de Consumo.

 

Fuente: adslzone