Parece que todavía tardará algún tiempo en darse el escenario idílico en el que la Unión Europea sea un territorio común a los efectos de los precios cobrados por los servicios de telefonía y banda ancha móvil. Actualmente, las operadoras fijan una serie de precios adicionales si usamos nuestra línea en un país extranjero, siguiendo para Europa los límites máximos marcados por Bruselas. En busca de una armonización comunitaria, se ha iniciado la maquinaria para desterrar el roaming del continente, pero lo que antes era una certeza, con el paso del tiempo empieza a encontrar más detractores y opiniones críticas hacia esta decisión.
En la última reunión técnica celebrada, España ha puesto algunas trabas a la supresión del roaming, pese a que desde el Ministerio de Industria se sigue asegurando que se lucha por conseguir eliminar este sobrecoste rápidamente. Y es que lo que no quiere el Ejecutivo es cargar con los costes de esta decisión, a tenor de la gran cantidad de turistas que vienen a nuestro país cada año, siendo uno de los destinos preferidos por millones de ciudadanos europeos.
Letonia ostenta ahora mismo la presidencia del Consejo Europeo y precisamente ha sido este país el que le ha dado un nuevo impulso a la supresión definitiva del roaming con un borrador de la nueva legislación al respecto, que ha levantado cierta polémica. Entre los países que no ven este movimiento con buenos ojos, se encuentra España por considerarse un país “importador” de roaming, aunque esto podría aplicarse a otros territorios mediterráneos igualmente. Conseguir un nuevo retraso de varios años sobre la eliminación el roaming es algo que en Bruselas empieza a tomar fuerza cada día que pasa.
Suprimir el roaming puede “costar” 1.600 millones a las operadoras
La supresión del roaming también afectaría a las compañías de telecomunicaciones de nuestro país, que perderían de esta forma una fuente de ingresos por el uso de datos móviles en suelo español por parte de ciudadanos de otros países. De hecho, la Comisión Europea ha fijado en 1.600 millones de euros el impacto económico negativo que tendría sobre las telecos europeas la supresión del roaming.
Así pues, el Gobierno se debate entre dos aguas, defendiendo por un lado el derecho de las empresas de telecomunicaciones y por otro el de los propios ciudadanos, que a fin de cuentas son los que más tienen que ganar si el roaming pasa a ser algo del pasado.
