Desde hace unos meses conocíamos esta posibilidad y desde hace unos días se ha confirmado. El Gobierno anunció el pasado viernes la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en con la que pretende como principal objetivo un mayor respeto de los derechos de autor, con especial hincapié a su desarrollo en Internet. La medida de la que más se ha hablado hasta ahora en esta reforma denominada Ley Lassalle pasa por facilitar el cierre de webs de enlaces, visto el nulo éxito de su anterior intento, la Ley Sinde-Wert.
No obstante, otro de los aspectos clave de la misma es la limitación del concepto de copia privada así como el papel que se asigna a los operadores de banda ancha. Como ha advertido incluso la SGAE, el Gobierno convierte en ilícitos casi todos los actos de copia privada. "Solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días. Las copias realizadas a través de Internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir", señalaba la entidad de gestión. Igualmente, quedarían excluidas de este concepto las realizadas a partir de obras alquiladas o incluso de las prestadas o regaladas.
A esta importante modificación hay que unir la que señala a los operadores como responsables de identificar a aquellos que pongan a disposición pública contenidos protegidos con copyright sin permiso de los titulares. Así, al marge de las webs que faciliten con sus enlaces el acceso a dichos contenidos, también es posible que se actúe contra usuarios de redes P2P que comparten una copia a través de servicios como la red BitTorrent por no disponer del original y ofrecer la copia de forma pública.
A raíz de esto, el Gobierno podría articular una norma más específica con la que perseguir estos actos en Internet al mismo estilo que sucede en países como Francia o Reino Unido, donde esta actividad está penada con sanciones e incluso la desconexión temporal de Internet. Hace un año el actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert, negó que el Ejecutivo se plantease esta opción, pero vistas las presiones de la industria cultural y el paso dado con la Ley Lassalle parece estar cercana la ruptura de este compomiso.
¿Una batalla perdida para el Gobierno?
En cualquier caso, se trata de un primer movimiento en una batalla donde va a tener muy complicada la victoria. Como leemos en el blog Soydelbierzo.com, existen métodos en la Red perfectamente legales y accesibles a todos los usuarios por los que sería casi imposible identificar a quienes comparten estos contenidos en redes P2P. En la citada entrada del blog se informa sobre cómo configurar una seedbox o cómo contratar una red privada virtual (VPN) que haría inútiles los esfuerzos del Gobierno en esta lucha.
Así pues, aunque es innegable que se trata de una norma que busca sembrar el miedo y limitar la libertad de los usuarios, apunta a ser un nuevo paso en balde del Ejecutivo. Una lástima que tamaño esfuerzo no se haga para abrir los ojos y contemplar las infinitas oportunidades que ofrece Internet a la industria más allá de la censura, por ejemplo, llevando a cabo con firmeza aquella promesa de impulsar una oferta legal en la Red que a día de hoy es ínfima en calidad y con unos precios alejados de la realidad.
Fuente: adslzone
